El Comité de ONU falla contra España en el caso de un menor marroquí no escolarizado

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas estimó hoy que España violó el derecho a la educación de un niño marroquí de 8 años en Melilla, al no admitirlo inmediatamente en la escuela pública después de que confirmara su residencia en territorio español.

La madre del afectado, nacido en la ciudad española en 2013 y del que se han facilitado sólo sus siglas (A. E. A.), intentó matricularlo en la escuela, pero las autoridades no reconocieron su residencia, pese a que ha vivido todo este tiempo en la localidad melillense.

"A pesar de varios procedimientos judiciales, las autoridades administrativas y judiciales locales se negaron a permitir que A.E.A. asistiera a la escuela pública", señaló el comité de la ONU en un comunicado.

Ante esta negativa, la madre del menor presentó una denuncia ante el citado comité en marzo de 2020 y, aunque el conflicto se resolvió en marzo de este año, cuando el Ministerio de Educación español ordenó a las autoridades locales que admitieran a A. E. A. en la escuela, ya había perdido casi dos años de educación formal.

La admisión del niño "ha llegado demasiado tarde y no repara totalmente el daño causado por su prolongada ausencia de la escuela", destacó este lunes el miembro del comité Luis Pedernera.

"Debería haber podido aprender en un aula y hacer amigos con otros niños y niñas de su edad, aunque no tenga la nacionalidad española", añadió.

El Comité instó a España a proporcionar a A. E. A. una compensación adecuada y a que adopte medidas proactivas para asistirlo con el fin de que pueda ponerse al día en sus conocimientos educativos.

Hasta ahora, las familias de seis menores residentes en España que han presentado quejas ante el comité han sido admitidos en la escuela, pero se calcula que más de 150 sin un permiso de residencia legal en Melilla siguen excluidos del sistema educativo público.

El comité de la ONU pidió a España que garantice que las autoridades administrativas y judiciales locales tomen medidas eficaces y rápidas para confirmar la residencia de los menores para admitirlos en el sistema escolar público sin demora.