Leer las últimas declaraciones del número dos del PSOE de Melilla, Juan José Martín, exige cierta resistencia al asombro. El secretario de organización del partido ha asegurado que su formación mantiene, cito textualmente, "respeto absoluto al trabajo de la Udef, confianza en la Justicia y exigencia de transparencia". Dicho así, suena a manual de buenas prácticas democráticas. En el contexto en que se pronuncia, suena a broma de mal gusto.
Porque mientras Martín reclama a Melilla lecciones de transparencia, en Madrid la Audiencia Nacional instruye el caso Leire Díez, uno de los episodios más turbios que ha vivido el Estado en democracia. El sumario recoge cómo una trama vinculada al PSOE, con la exmilitante socialista Leire Díez como pieza ejecutiva y el exsecretario de organización Santos Cerdán como supuesto dirigente, habría intentado desmontar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil buscando información sensible de investigadores, jueces y fiscales que instruían causas incómodas para el entorno del presidente del Gobierno.
No hablo de una acusación menor. El director adjunto operativo, teniente general Manuel Llamas, ordenó a la cúpula de la UCO "ponerse de perfil" y no ser proactiva en investigaciones que rozaban al hermano de Pedro Sánchez y a otros dirigentes socialistas. Esa orden se transmitió mientras la dirección del cuerpo abría expedientes disciplinarios contra los propios agentes que investigaban, algo que varios mandos describen como una maniobra de presión sin precedentes.
El episodio que corona este relato llegó hace apenas unas semanas, cuando agentes de la propia UCO se presentaron, en una actuación inédita, en la Dirección General de la Guardia Civil para tomar declaración a varios generales y reclamar documentación sobre esos expedientes. Que la unidad de élite tuviera que entrar en su propia casa para averiguar si la cúpula había actuado contra ella misma dice bastante del calibre del problema que atraviesa el cuerpo.
Con ese telón de fondo, que el número dos del PSOE de Melilla venga ahora a dar lecciones de respeto institucional a la Udef, mientras exige a otros colaborar sin reservas con la Justicia, resulta difícil de digerir. No es que Martín no tenga derecho a pedir explicaciones al Gobierno de la ciudad sobre la operación Valenzuela; las tiene, y el interés general así lo exige. El problema es la vara de medir. Exigir transparencia a los demás mientras el propio partido, a nivel nacional, está siendo investigado por levantar una presunta cloaca contra policías, jueces y fiscales no es coherencia política: es cinismo del más rancio.
Y ese cinismo no es un matiz retórico. Es la distancia exacta entre lo que un partido dice defender en público y lo que sus propias filas hacen cuando les toca a ellos ser investigados. El PSOE de Melilla puede seguir reclamando "respeto absoluto" a los cuerpos de investigación del Estado, pero esa exigencia solo será creíble el día en que Ferraz responda a los jueces con la misma diligencia con la que Martín pide a Imbroda que entregue documentación, dándose la circunstancia que, en el caso melillense, la juez ni siquiera ha pedido esos papeles. Mientras tanto, cada declaración institucional del partido en Melilla suena menos a principio democrático y más a estrategia de comunicación calculada.
Los melillenses, que ya han visto pasar demasiados episodios de corrupción y tramas con nombre propio, como es el caso Santiago-Rusadir, merecen algo mejor que discursos de respeto a la Justicia que no resisten ni cinco minutos de comparación con lo que ocurre, estos mismos días, en los juzgados de Madrid. Si el PSOE de Melilla quiere que se le tome en serio cuando habla de la Udef, lo primero que debería exigir es que su propio partido, en Ferraz, deje de dar motivos para hablar de cloacas.
