CCOO denuncia a Eulen por irregularidad en un servicio de vigilancia

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado ante la Unidad Territorial de Seguridad Privada (UTSP) a la empresa Eulen Seguridad por una presunta irregularidad en la organización de uno de sus servicios de vigilancia en Melilla. La central sindical sostiene que varios trabajadores habrían desempeñado de forma simultánea funciones incompatibles dentro de la misma jornada laboral.

Según la denuncia presentada por el coordinador de CC.OO. del Hábitat en Melilla, Francis Aguilera, al menos dos empleados habilitados como inspectores habrían realizado tareas de supervisión mientras prestaban servicio operativo como Vigilantes de Seguridad en el sistema denominado “acuda”, destinado a la respuesta ante saltos de alarma.

El sindicato asegura que esta situación podría comprobarse mediante el cotejo entre las actas de inspección firmadas por los trabajadores y los cuadrantes mensuales de servicio asignados como personal operativo.

CCOO sostiene que los hechos vulnerarían la normativa vigente en materia de seguridad privada. En concreto, recuerda que el artículo 32.2 de la Ley de Seguridad Privada establece que los vigilantes deben dedicarse exclusivamente a sus funciones y no pueden simultanearlas con otras tareas. Asimismo, el Reglamento de Seguridad Privada prohíbe compatibilizar estas labores con otras actividades dentro de la misma empresa.

La organización sindical también subraya que el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad diferencia claramente los niveles funcionales entre vigilantes e inspectores. Mientras los primeros forman parte del personal operativo, los inspectores pertenecen al grupo de mandos intermedios y tienen como cometido supervisar el correcto desempeño del servicio.

CCOO ha solicitado a las autoridades competentes que realicen las inspecciones oportunas y, en caso de confirmarse los hechos denunciados, se abra un procedimiento sancionador contra EULEN Seguridad. Según la Ley de Seguridad Privada, este tipo de infracciones podría conllevar multas de entre 3.001 y 30.000 euros.

Para el sindicato, esta presunta práctica afecta directamente a la calidad del servicio y a la profesionalización del sector, al mezclar funciones que la normativa mantiene diferenciadas dentro de la seguridad privada.