Blas Jesús Imbroda, uno de los 29 candidatos a presidir el Consejo General de la Abogacía Española

La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española ha proclamado este viernes a 29 candidatos que concurrirán a las elecciones a la presidencia de la institución.

Según informa Efe, la votación se llevará a cabo en el transcurso del pleno del Consejo, convocado para el próximo día 28 de junio, que se celebrará en el salón de actos de la corporación.

Tal y como regula el estatuto general de la abogacía, podrán votar los 83 decanos de los colegios de abogados españoles, que lo harán de forma secreta en una urna, informa el Consejo.

Entre los 29 abogados que concurren a estas elecciones se encuentran los decanos de los colegios de la Abogacía de Málaga, Salvador González Martín; Melilla, Blas Jesús Imbroda Ortiz, y Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Massieu Curbelo.

El Consejo convocó el pasado mes de mayo estas elecciones tras anunciar su presidenta, Victoria Ortega, que no se iba a presentar para un nuevo mandato tras ocho años en el cargo.

El estatuto establece que tras la primera votación resultará elegido quien alcance una mayoría absoluta de los votos y, si ninguno de los candidatos obtuviera el número suficiente (42), transcurrida una hora se llevará a cabo una segunda votación en los mismos términos.

En el caso de que nuevamente ninguno logre la mayoría absoluta transcurrida otra hora se llevará a cabo una tercera votación en la que solo podrá votarse a uno de los dos candidatos más votados en la segunda.

Será elegido el que obtenga más votos y en caso de empate será presidente quien tenga una mayor antigüedad en su colegiación y la toma de posesión se realizará en el pleno del Consejo del 19 de julio.

El Consejo General de la Abogacía Española es una corporación profesional de derecho público¹​ que agrupa a los colegios profesionales de abogados de España.

Entre sus funciones, según sus estatutos, destaca la ordenación de la actividad profesional, la defensa del prestigio de la profesión, exigir a Colegios y abogados el cumplimiento de los deberes profesionales y deontológicos, buscar una justicia ágil, moderna y eficaz o evitar el intrusismo laboral.