Blas Jesús Imbroda cree que la Corte Penal Internacional debió actuar mucho antes contra Maduro

El decano del Colegio de Abogados de Melilla y expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional (CAPI), Blas Jesús Imbroda, considera que la Corte Penal Internacional (CPI) tardó demasiado en iniciar acciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por los crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen. Así lo ha expresado en una entrevista con El Independiente, donde ha subrayado que las evidencias de violaciones sistemáticas de derechos humanos estaban disponibles desde hace años, por lo que la Fiscalía del tribunal con sede en La Haya debió intervenir mucho antes.

“El caso de Venezuela no es nuevo. Desde hace tiempo se vienen documentando ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y persecuciones políticas que configuran delitos bajo la jurisdicción de la Corte”, ha señalado Imbroda, quien lideró entre 2017 y 2021 la institución internacional que agrupa a juristas especializados en derecho penal internacional.

A su juicio, la comunidad internacional y especialmente los mecanismos de justicia internacional han actuado con lentitud ante un régimen que, según sus palabras, ha hecho del aparato estatal una estructura represiva.

El pasado noviembre, la Fiscalía de la CPI solicitó autorización a los jueces para reanudar formalmente su investigación sobre Venezuela, tras considerar que existen fundamentos razonables para creer que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto civiles como militares, han cometido crímenes de lesa humanidad desde al menos abril de 2017. Esta decisión fue vista como un paso significativo para las víctimas y las organizaciones de derechos humanos que llevan años denunciando estas prácticas.

Imbroda celebra que finalmente se haya dado este paso, pero insiste en que el proceso podría haber comenzado antes. “Hubo elementos suficientes hace años. Las víctimas han tenido que esperar demasiado”, lamenta. También pone énfasis en la necesidad de que la justicia internacional actúe con determinación y agilidad cuando se trata de proteger a poblaciones sometidas a regímenes que vulneran sus derechos fundamentales.

El letrado melillense, que ha sido uno de los principales impulsores de la aplicación efectiva del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la CPI, ya se había pronunciado en el pasado sobre el caso venezolano. En declaraciones recogidas por El Faro de Melilla en 2023, sostuvo que “Maduro debe ser entregado a la Corte Penal Internacional” y aseguró que existen evidencias contundentes que lo vinculan directamente con los crímenes cometidos por el Estado venezolano.

Además de los actos de represión, los informes presentados ante la CPI y organismos internacionales incluyen testimonios de víctimas, exmilitares, antiguos jueces y fiscales venezolanos que describen un patrón sistemático de represión contra la disidencia, así como el uso del sistema judicial para perseguir opositores. Según Imbroda, este tipo de actuaciones deben ser juzgadas para evitar que queden impunes y para que se sienten precedentes firmes en la defensa del derecho internacional.

El proceso contra Maduro y su entorno podría marcar un hito en la aplicación del derecho penal internacional en América Latina. Sin embargo, como recuerda Imbroda, la CPI no dispone de un cuerpo propio de policía, por lo que la cooperación de los Estados es esencial para hacer efectiva cualquier orden de detención o comparecencia. “La voluntad política de la comunidad internacional será clave para que no se trate solo de una investigación simbólica”, advierte.

Imbroda ha hecho un llamado a fortalecer la independencia de los órganos judiciales internacionales y a dotarlos de más medios para actuar con eficacia. También ha expresado su apoyo a las víctimas y defensores de derechos humanos que han recopilado pruebas en contextos muy hostiles y ha reiterado su compromiso con la defensa del derecho penal internacional como herramienta clave para prevenir atrocidades.

La CPI aún debe decidir si avanza con órdenes de arresto, pero el respaldo de figuras como Imbroda refleja una creciente presión para que se haga justicia en el caso venezolano. Mientras tanto, el abogado melillense continúa denunciando la impunidad de quienes, a su juicio, han cometido graves crímenes desde el poder.