Bajan en Melilla las agresiones a los agentes de seguridad

Las agresiones contra los agentes de las fuerzas de seguridad han descendido entre 2020 y 2023 en Melilla, según datos del Gobierno a una pregunta parlamentaria realizada por las diputadas del PP Isabel María Borrego y Ana Belén Vázquez. Según esas cifras, ese tipo de delitos cayó progresivamente desde 2020, año en el que se registró el máximo en este período con 68 denuncias. En 2021 hubo 65, 56 en 2022 y 33 en lo que llevamos de año.

Sin embargo, a niven nacional esas agresiones han aumentado en los últimos tiempos, en concreto un 8,14 por ciento en 2022 respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar las 16.651, una cifra que podría superarse este año porque solo en sus ocho primeros meses ya se han contabilizado 11.302.

En 2020, el año de la pandemia, el número de infracciones penales conocidas de atentado a agentes de la autoridad y recogidas en el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior fue de 13.671.

Mientras al año siguiente crecieron un 12,63 por ciento hasta las 15.397.

Por comunidades autónomas, y se tiene en cuenta 2022, la que más atentados a la autoridad registró fue Madrid, con 3.238; por delante de Andalucía (2.732), Cataluña (2.619) y Comunidad Valenciana (2.167).

En ese año, y con respecto al anterior, el mayor aumento porcentual se produjo en Cantabria, con un alza del 32 por ciento, seguida de Baleares (28,64 %), mientras que las mayores disminuciones tuvieron lugar en Canarias, con un descenso del 8,72 %, seguida de La Rioja (-2,88 %) y Madrid (-1,82 %).

A través de un comunicado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reclamado el endurecimiento de las penas a los agresores de agentes de la autoridad y el aumento de material necesario de defensa y protección ajustado a la situación actual.

Y añade que agredir a un agente "sale gratis, ya que solo se les sanciona con penas irrisorias donde el agresor paga 200 euros". "Es una situación insostenible y grave", enfatiza la AUGC antes de recordar que aún no han sido reconocidos como profesión de riesgo.