El presidente de Somos Melilla y diputado de la Asamblea, Amín Azmani, ha denunciado que el Gobierno de Juan José Imbroda y la Consejería de Fomento, dirigida por Miguel Marín, continúan “escondiendo el expediente de Villa Pilar” pese a los reiterados requerimientos para que sea entregado. La formación localista considera que el Ejecutivo está incurriendo en una “obstrucción consciente” a la labor de control democrático de la oposición.
Azmani ha recordado que la solicitud de acceso al expediente fue presentada en abril de 2025 y autorizada por la Mesa de la Asamblea, sin que hasta la fecha se haya remitido la documentación. “Lo pedimos en abril y seguimos sin respuesta. Ya no hablamos de retraso, sino de una obstrucción clara y consciente”, ha afirmado.
El diputado ha señalado que la Consejería de Fomento ha rechazado la entrega con el argumento de que el expediente no está finalizado, una excusa que califica de “falsa y arbitraria”. En este sentido, ha subrayado que la propia Secretaría General de la Asamblea ha ordenado su entrega, pero el Gobierno sigue sin acatar la instrucción.
Azmani ha defendido que el derecho de los diputados a acceder a la información no es una cortesía administrativa, sino un pilar democrático amparado por la Constitución. “Sin información no hay control”, ha recalcado. En su opinión, el argumento de que solo se pueden consultar expedientes cerrados “vacía de contenido el derecho al acceso y convierte el control parlamentario en una formalidad inútil”.
Por todo ello, ha exigido al Gobierno de la Ciudad que entregue “de inmediato” el expediente completo de Villa Pilar y ha advertido de que, si en 48 horas no se cumple este requerimiento, Somos Melilla emprenderá acciones legales para defender sus derechos.
“No vamos a permitir que conviertan la Asamblea en un decorado ni que la ciudad pague con dos millones de euros una operación que nadie explica y que demasiados quieren ocultar”.
Para Azmani, la ocultación del expediente se suma al sinsentido que ya rodea la compra de la finca, valorada en casi dos millones de euros. Ha recordado que se trata de un terreno rústico, no urbanizable y afectado por Defensa, “en el que no se puede levantar ni un muro”. En su opinión, la operación responde más a un “negocio disfrazado de ecologismo” que a un verdadero interés público.
“¿Cómo se puede gastar dos millones de euros en una finca en la que no se puede hacer prácticamente nada, cuando hay barrios enteros sin parques ni zonas verdes?”, ha cuestionado el líder de Somos Melilla, que considera que “las prioridades de la ciudad deberían ser otras”.
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