Ayuda de urgencia

• En su edición de ayer, El Faro informaba de la situación desesperada de una mujer de 26 años, madre de tres hijos, que iba a ser desahuciada de la casa en la que vivía por no poder hacer frente al pago del alquiler, de 450 euros.

Esta joven se había quedado sin poder hacer frente al arrendamiento a causa de que dejó de recibir la ayuda de Cáritas porque esta entidad estaba literalmente “desbordada” y sólo podía proporcionarle cheques de comida por valor de 40 euros. A la espera de la firma de un nuevo convenio con la Ciudad, Cáritas no disponía de fondos suficientes para seguir abonando esta renta.
Ayer, el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, anunció que el departamento que dirige concederá una ayuda de urgencia a esta mujer para que pueda hacer frente al pago del alquiler y no se vea forzada a abandonar la vivienda que comparte con sus pequeños de dos, tres y seis años.
Ventura señaló que se renovará el convenio con Cáritas, por el que esta entidad recibirá 295.000 euros este año para el desarrollo de dos programas de ayudas: uno se dedicará a atención social a familias necesitadas y otro, a la lucha para la erradicación de la pobreza en Melilla.
No es descabellado pensar que en el anuncio de Bienestar Social haya tenido algo que ver el artículo publicado por este periódico, en el que alertaba de la situación de esta madre de tres hijos en riesgo de quedarse sin un hogar. La prensa es un importante medio para dar voz a los que no tienen voz, y la de esta mujer no se escuchaba hasta que un periódico difundió lo que le estaba ocurriendo
El Faro informa hoy de otra historia que, aunque no es idéntica, si entraña un mismo peligro: que una mujer y sus tres hijos se queden a la intemperie.
En este caso, la afectada es una víctima de violencia de género que necesita ayuda urgente de los Servicios Sociales para contar con un techo bajo el que cobijar a su familia. Esta mujer, melillense de origen, estuvo empadronada durante los últimos nueve años en Málaga, donde residía con el padre de sus hijos, quien la maltrataba.
En busca de una salida, decidió retornar a Melilla, pero se ha encontrado con que no puede recibir ayudas a causa de no haber estado censada en la ciudad durante los últimos tres años, requisito exigido por la normativa para ser beneficiario de ese apoyo económico.
Es cierto que las normas son las normas, pero en supuestos de violencia doméstica (según afirma la afectada, un Juzgado de Málaga condenó a su expareja), sería razonable que las autoridades tratasen de buscar una solución para que ninguna víctima ni sus hijos se vean abocados a malvivir a la intemperie.