Dentro de la campaña #VidasSinRastro, a la que se han adherido más de 100 organizaciones, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha publicado este jueves un documento informativo sobre la gestión de las migraciones en la frontera sur, destinado a las familias de las personas muertas o desaparecidas en el intento de alcanzar la costa española.
Según una nota de prensa emitida por la APDHA, el objetivo del documento es "contrarrestar la opacidad con la que el Gobierno español gestiona las migraciones en la frontera sur", y a la vez "evitar que esta falta de transparencia" "se utilice para traficar, con fines lucrativos, con la información en perjuicio de los derechos de las familias".
En concreto, el texto informa sobre qué ocurre con las personas desde que son rescatadas por Salvamento Marítimo hasta que pueden ser puestas en libertad o internadas en un Centro de Internamiento de Extranjeros; y facilita teléfonos y correos electrónicos, tanto de las comisarías de Policía Nacional, como de diversas entidades que trabajan en el terreno con las personas migrantes.
En cuanto a los problemas que enfrentan las familias para denunciar la desaparición, la asociación ha remarcado que los Estados tienen la obligación de activar los mecanismos necesarios para la búsqueda, la averiguación y la localización tras la denuncia, visto que "es un principio del derecho internacional y garantía de los derechos humanos que ha de ser respetado en todo momento".
Asimismo, la organización ha dejado claro que los acuerdos de las autoridades con los países de origen, tránsito y destino se centran "exclusivamente en el control migratorio" y no en "el respeto por los derechos humanos".
Como ejemplo de la falta de implicación "real" de las autoridades para responder adecuadamente a la desaparición de personas en movimiento, APDHA ha puesto las contestas del ministro del Interior y del Gobierno español tras la tragedia del pasado 24 de junio en la frontera de Melilla con Marruecos, en la que murieron al menos 27 personas, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Nador, y desaparecieron "otras 64".
Para la entidad, es "inaudito" que la información sobre los protocolos de búsqueda de desaparecidos o fallecidos en la frontera sur "dependa de la voluntariedad del funcionariado o de las ONG que trabajan en el terreno" para localizarlas y tras "los numerosos naufragios que desde 1988 han costado la vida al menos a más de 12.208 personas".
Desde la óptica de estos defensores de los derechos humanos, la "desidia" de la Administración "sigue demostrando el sesgo racista y xenófobo de las políticas migratorias y que para quienes gobiernan todas las vidas no valen lo mismo".
Así, la campaña #VidasSinRastro, lanzada el pasado 10 de mayo y enfocada en el reconocimiento de derechos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, derivados de los pactos y acuerdos internacionales, ha expuesto las trabas burocráticas y las dificultades a las que se enfrentan las familias para localizar a sus seres queridos.
Por tanto, el manifiesto de denuncia de esta iniciativa propone la creación de una oficina que asegure una atención integral en la denuncia, la búsqueda, la localización y la identificación de personas fallecidas; o el establecimiento de un protocolo específico de actuación para el banco de ADN, en coordinación y cooperación con los países de origen.
En el marco de la campaña, también se ha enviado una queja al Defensor del Pueblo, que recoge dichas medidas para evitar la desprotección institucional e insta a cumplir los pactos y los acuerdos internacionales que garanticen la dignidad humana, los derechos post mortem y el derecho a conocer la verdad que ampara a las familias.
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