Ángel Castillo Abad es presidente del Sector de Justicia de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) Melilla. Reelegido en el I Congreso de este Sector, recibió el 100 % de los votos de los compromisarios.
El Faro ha conversado con Castillo acerca de los retos que afronta en su nuevo mandato y de cuestiones que atañen a la Administración de Justicia y sus funcionarios en la ciudad autónoma.
-Primero que nada, enhorabuena por su reelección como secretario de Justicia de CISF Melilla
-Gracias. Llevaba desde el año 2019 como presidente de la gestora, porque todo se paralizó como consecuencia de la pandemia. Ya se ha hecho el primer congreso, que ya tocaba y puedo decir que soy presidente del comité ejecutivo.
-Elegido por el cien por cien de los compromisarios, una responsabilidad imaginamos contar con la confianza total del sector del sindicato
-Evidentemente. Es verdad que cuando empiezas en estos lares no sabes dónde te metes. Pero bueno, con el paso del tiempo uno va cogiendo experiencia.
-¿Cuáles son los objetivos de cara a estos próximos 4 años?
-Ahora mismo se está negociando uno de los puntos más importantes del acuerdo que se firmó el 8 de enero de este año: La carrera profesional.
Estamos intentando que los funcionarios consigan una remuneración en un complemento concreto, que sería el de carrera profesional. De este modo, el funcionario partirá de cero, pero tras cumplir 4 o 5 años, irá alcanzando esos objetivos.
Esto es algo que llevamos mucho tiempo reivindicando y que esperamos sea una realidad, si no lo es en lo que queda de año, a principios de 2026.
-Viene de 6 años al frente del Sector en los que se han conseguido importantes avances ...
-Uno de los principales que se ha conseguido ha sido la subida progresiva del complemento específico en nómina, un incremento que ronda entre 400 y 500 euros dependiendo de los cuerpos. Esto se ha logrado gracias a las negociaciones de nuestros compañeros de la ejecutiva en Madrid.
Es verdad que nos costó una dura huelga que se mantuvo durante varios meses. Lo que pasa es que no tuvimos más remedio que suspenderla, como consecuencia de la disolución de las Cortes y la convocatoria de Elecciones Generales en 2023. Ello nos supuso perder un tirón que ya llevábamos, porque antes de nosotros ya habían conseguido una subida importante tanto letrados de la Administración de Justicia como jueces y fiscales. Sin embargo nosotros, que fuimos los primeros que empezamos, nos quedamos ahí tirados.
No obstante, una vez que ya estaba el Gobierno central de nuevo constituido, se retomaron las negociaciones y conseguimos otra subida importante de este complemento específico.
-¿Qué le transmite la plantilla de la Administración de Justicia de la ciudad?
-Ahora mismo, todo el mundo tiene confianza en que se consiga la carrera profesional, porque así se firmó. Sólo queda que el Ministerio ponga una cuantía sobre la mesa de cada tramo y de cuánto va a suponer cada una.
En un principio, el primer tramo sería un 20 % sobre el sueldo base. En el segundo tramo, parece ser que el Ministerio ha aceptado que sea de un 35 % sobre ese sueldo base. Un tercer tramo un 55 % y un cuarto tramo un 75 % sobre el sueldo base. Esto es, que aquel funcionario que lleva más de 20 años puede conseguir en ese complemento un 75 % de su sueldo base. Es una cantidad bastante importante.
-¿Mantiene contacto con el Ministerio?
-Desde Melilla no podemos negociar con el Ministerio, porque no tenemos las transferencias. Al igual que Ceuta, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares; dependemos directamente del Ministerio de Justicia.
Todo lo que se negocia y lo que se consigue se hace en las mesas de negociación en Madrid, con nuestros compañeros de la ejecutiva nacional. Las negociaciones son todo lo fluidas que el Ministerio quiere, aunque la verdad es que muchas veces son como darse de cabezazos contra la pared, porque se piden cosas y no se consiguen.
- Este pasado verano se puso en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 ¿Cuál es la situación actual?
-Seguimos luchando para que se aumente el personal, que es lo que hace falta. No sólo en Melilla, sino a nivel nacional.
Ese Juzgado le ha salido absolutamente gratis al Ministerio. Sus 6 funcionarios salieron de los dos contenciosos: Uno de ellos ha desaparecido y el otro ha quedado reducido a la mínima expresión. Ha sido algo absolutamente inusual. De hecho, cuando he hablado con mis compañeros de la ejecutiva de la península me decían que no era normal crear un juzgado a base de disminuir otros.
-¿Cuál es la situación de las plantillas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer? Pedían hace varias semanas un refuerzo para evitar el colapso en la tramitación de los procedimientos ...
-Hace falta un refuerzo y un aumento de la plantilla en muchísimos órganos. En el caso del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, no sólo por la materia concreta que llevan, que es muy delicada, sino porque desde hace un mes se hace cargo también de todos los delitos de violencia sexual. No sólo en el entorno familiar, sino que juzga cualquier caso de violencia sexual. Ese Juzgado está totalmente saturado y hay muchísimo retraso.
Una situación similar se da en el Juzgado de lo Social, pues actualmente se está señalando para 2028. A cualquier trabajador que interponga una demanda a su empresa se le cita para febrero de 2028. Al final es el justiciable el que lo está sufriendo.
-¿Se aprobarán nuevas plazas para la Administración de Justicia de Melilla?
-Estamos esperando a que la Oferta de Empleo Público de 2025 se termine de negociar. De esa negociación saldrán las plazas que se ofrecen a todo el territorio no transferido.
Aquí el problema está en que también llevamos mucho tiempo exigiéndole al Ministerio que desaparezca la Tasa de Reposición. Mientras no salgan a concurso todas las plazas que dejan de ocuparse por parte de titulares que se jubilan o que dejan el servicio activo por cualquier otra situación, saldrán menos plazas con cada año que pase.
Tenemos un déficit grandísimo de funcionarios de Justicia y ello está llevando a los retrasos desmesurados de esta Administración.
-¿Cuál es la opinión de CSIF sobre la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia?
-Esta es una ley que nadie quería. Con la Nueva Oficina Judicial (NOJ) que se puso en marcha en 2010 –aunque en Melilla empezó en 2014– no funcionábamos mal. Cuando algo no funciona mal, no entendemos por qué ha de cambiarse.
Sin embargo, el Ministerio quería hacer esta reforma sí o sí. Entonces vimos que o CSIF se sentaba en la mesa para negociar o la ley iba a salir como ellos querían. Por tanto, en un acto de responsabilidad, CSIF se sentó en la mesa de negociación con otros sindicatos y esta Ley salió adelante. Esperamos que no sea tan traumática como pudiera ser.
Aquí en Melilla, como ya teníamos la NOJ implantada, el cambio tampoco es tan traumático. Hay otras comunidades, como Andalucía, que continúan con el modelo antiguo, por lo que quizás les cueste más. Otras comunidades que que ni siquiera tenían el modelo anterior aplicado sí les puede costar un poco más ese cambio tan radical.
En definitiva, los compañeros van a seguir haciendo el mismo trabajo que hacían. Lo que sí se tendrá que hacer es la redistribución de las mesas y de los espacios en las torres.
-Los problemas en la digitalización en la Administración de Justicia son una de las quejas más habituales entre los funcionarios …
-Sí, es un problema endémico de la Justicia. Hay muchos días, sino directamente todos, en que los sistemas se caen, bien por falta de mantenimiento o bien por poca cobertura.
Hay varias aplicaciones diferentes: Minerva, LexNET u Horus. Ahora el Ministerio va a cambiar el sistema Minerva, que llevamos utilizando muchos años, por otro que se llama Atenea. Ya se está solicitando a los funcionarios que lo vayan utilizando para que tomen un poco de contacto con él. Esperemos que este sistema sea más fluido y tenga menos caídas que el anterior, porque si no, mal lo vamos a llevar.
-Renueva ahora su mandato ¿Qué legado espera dejar a su fin?
-Espero que se consigan muchas cosas. Que se logren mejoras como la carrera profesional o que el Ministerio termine todos los procesos que tiene pendientes de resolver.
Actualmente hay un retraso grandísimo en las convocatorias, porque hay –según tengo contabilizado– 7 convocatorias de los 3 cuerpos –Auxilio, Tramitación y Gestión– aún pendientes de terminar. Algunas que llevan desde 2022 y todavía no se han ofrecido las plazas a los funcionarios para que soliciten sus destinos.
Es algo absolutamente dantesco lo que está pasando y ojalá se resuelva en estos próximos meses.
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