Amnistía Internacional denuncia "violaciones de derechos humanos" en saltos a la valla de Melilla

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado "violaciones de derechos humanos" en los saltos a la valla de Melilla de esta semana por el "trato cruel" a inmigrantes por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por posibles casos de devoluciones en caliente que exige que se investiguen.

En una nota de prensa, AI se ha referido a las imágenes de agentes "golpeando de manera injustificada a personas migrantes y posibles refugiadas en la valla de Melilla" tras los saltos de este miércoles y jueves en los que unas 850 personas han entrado en la ciudad autónoma desde Marruecos.

Virginia Álvarez, responsable de Política Interior y experta en refugio y migración en Amnistía Internacional España, ha lamentado que "en nuestras propias fronteras se castiga a las personas migrantes con extrema brutalidad" y se ha preguntado si esa es la imagen que el país quiere proyectar y si es así como se recibe a quienes "llegan de posibles conflictos o persecuciones".

AI ha exigido una investigación exhaustiva e inmediata "sobre los posibles casos de devoluciones en caliente que se han producido, que son contrarias al derecho internacional, así como sobre el deplorable uso excesivo de la fuerza que los agentes están empleando contra las personas migrantes".

Por su parte, Andalucía Acoge también ha condenado "la violencia hacia las personas migrantes y refugiadas en la valla de Melilla en los últimos saltos" a la valla y ha instado al Estado a abrir una investigación para saber si se han producido devoluciones en caliente.

En un comunicado, ha expresado su preocupación "por la violencia vivida en el perímetro fronterizo", ya que "los dos saltos se produjeron en un contexto de tensión y uso desproporcionado de la fuerza", y ha condenado especialmente la actuación de algunos agentes con un inmigrante que descendía de la valla.

Andalucía Acoge ha dicho que hay indicios de que se hayan podido llevar a cabo "devoluciones ilegales de personas" y por ello ha instado al Estado a que se efectúe una investigación, ya que "el Tribunal Constitucional no avala este tipo de expulsiones" al tener que realizarse cualquier devolución "bajo control judicial con asistencia letrada".