La Audiencia Nacional juzga desde hoy a cinco yihadistas (cuatro mujeres y un hombre) detenidos en 2014 en el marco de la operación Kibera, conjunta entre España y Marruecos, por captar a chicas jóvenes para enviarlas a Siria como esposas de combatientes del Estado Islámico (EI), hechos por los que la Fiscalía les reclama penas de siete años de cárcel (ellas) y ocho (el varón), como presuntos autores de un delito de integración en organización terrorista. Dentro de este procedimiento, se arrestó a dos mujeres y a un hombre en Melilla.
En la parte marroquí, se localizó a los dos directores de la red, que fueron condenados. Una de las acusadas fue interceptada por la Policía en agosto de 2014 en el puesto fronterizo de Beni Enzar junto a una menor, que es testigo protegido en esta causa.
El grupo se distribuía entre Melilla, Ceuta y Barcelona, teniendo como rasgo común su proceso de radicalización a través de las redes sociales.
El objetivo era encontrar a mujeres que sirviesen como guerreras o como “servidoras sexuales de los terroristas”. El perfil de las seleccionadas se correspondía con jóvenes, algunas menores de edad, desempleadas o estudiantes pero, en este caso, con resultados “mediocres”.
Una vez más, se cumple el perfil. En este caso, se buscaba a mujeres que sufriesen el azote del paro o el fracaso escolar. Redes sociales y entornos vulnerables, caldo de cultivo ideal para estos procesos de radicalización ante los que hay que estar vigilantes.
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