Acusar en público a alguien de un delito puede acarrear consecuencias

Si se va a acusar en público a alguien de cometer un delito, o se tienen pruebas de lo que se está diciendo, o puede acarrear importantes problemas para quien lanza esa recriminación. No se puede alegremente afirmar, por ejemplo, que el presidente Imbroda lo que quiere es obtener dinero de la venta de los terrenos de Villa Pilar a la Ciudad Autónoma sin aportar al mismo tiempo documentos que acrediten esa acción delictiva. Y eso es lo que hizo ayer el único diputado de Somos Melilla, Amín Azmani, contra el jefe del Ejecutivo melillense.

Lleva varios días insinuando con toda la intención que Imbroda quiere que se compren rápido esas tierras para quedarse con una parte de la operación económica pero nunca, en ningún momento, ha puesto sobre la mesa ni una sola muestra de que, efectivamente, ese sea el objetivo de la decisión. Azmani quizás no se haya enterado aún de que él no tiene la inmunidad de la que sí gozan los parlamentarios nacionales y, en consecuencia, puede ser llevado a los tribunales sin necesidad de pedir suplicatorios ni de que sea el Tribunal Supremo el que entienda en la causa.

Fuentes bien informadas ya han adelantado a El Faro que Imbroda prepara una querella contra Azmani por tales acusaciones. Se veía venir porque no se puede jugar tan alegremente con la honestidad de las personas sin que medie ni la más mínima prueba de que sus acusaciones sean ciertas. De hecho, el líder de Somos Melilla está ahora pidiendo documentación para ver si hay algo o no detrás de esa compraventa de terrenos. Lo suyo no son más que sospechas por ahora infundadas pero que, repetidas, muchas personas pueden entender que sean ciertas.

Es lo que ocurre en las redes sociales. Decenas de ciudadanos, algunos al amparo del perfil de "miembro anónimo", culpan al presidente de la Ciudad Autónoma en los grupos sobre Melilla que existen en Facebook de querer llevarse dinero de su actividad pública, pero ni uno solo de ellos podría probarlo en un juicio. Cierto es que un político en un cargo de representación lleva en el sueldo la crítica ciudadana, si bien eso no da derecho a nadie a poner en entredicho su honestidad sin pruebas. Eso sirve para Imbroda como para Sabrina Moh, los consejeros o cualquier otro diputado local que ni siquiera están en investigación judicial.