Acusan a un padre y su hijo de amenazar a otro hombre con machetes por una deuda

La Fiscalía de Melilla reclamó esta semana que un padre y su hijo fueran condenados a penas de dos años de prisión como presuntos autores de un delito de amenazas. Según se recoge en el escrito acusatorio, al que El Faro ha tenido acceso, abordaron a un individuo con “navajas y machetes” para reclamarle el pago de una deuda, a la vez que le decían: “Te vamos a matar”. Estos hechos fueron enjuiciados el miércoles en la sala del Juzgado de lo Penal número 2. Los dos encausados decidieron acogerse a su derecho a no declarar.

De acuerdo con la acusación, el 27 de abril de 2015 se produjo una discusión entre el acusado y otros dos hombres, que a su vez son hermanos, por una deuda que estos tenían pendientes. Esto sucedió en una de las naves de la carretera de Hardú, tal y como se expone en el escrito del Ministerio Público.

Posteriormente, siempre según la versión de la acusación, el procesado volvió junto a otras personas no identificadas y su padre a una de las naves que es propiedad del perjudicado para amenazarlo con armas blancas.

Los testigos no recuerdan

Aunque en el juicio los encausados se acogieron a su derecho a no declarar, comparecieron los denunciantes, pero apenas recordaban los hechos. Así lo dijeron en la sala ante la magistrada. Según señaló el primero de ellos en la vista, el día de los hechos mantuvieron una discusión, pero no recordaba nada más sobre lo que sucedió.

La fiscal preguntó al testigo por una herida que sufrió su hermano y que tardó 22 días en sanar. “Yo creo que se la hizo él con la puerta, que no fue provocada”, manifestó. Indicó que pudo ser así porque estaban “en un momento tenso”. Por otro lado, el otro testigo de los hechos apuntó que sí que hubo una discusión en la que él participó junto a su hermano y los dos hombres encausados.

“Como fue una discusión acalorada hice un movimiento al irme y me di un golpe”, explicó el testigo sobre sus lesiones, objetivadas en un parte médico. “Veo que ya os habéis arreglado”, le dijo la fiscal en un momento dado. “Ya no tenemos problemas”, le reconoció el hombre en sala.

En el juicio tendrían que haber testificado también agentes de la Policía Nacional, pero no comparecieron. La fiscal, finalmente, decidió renunciar a sus declaraciones puesto que no fueron testigos directos de los hechos, ya que lo que sabían de los mismos era por referencia.

Mantiene la acusación

Pese a la ausencia de pruebas incriminatorias practicadas en el juicio, la representante del Ministerio Público decidió continuar con su acusación. De este modo, la fiscal reclamó para los dos encausados una condena de dos años de prisión, así como una pena de multa de 360 euros y también una responsabilidad civil de 1.480 euros.

Las defensas, por su parte, solicitaron que sus clientes quedasen absueltos puesto que no se habían practicado pruebas suficientemente inculpatorias como para enervar el principio de presunción de inocencia.

Ahora la magistrada del Penal 2 tendrá que decidir.