Otro capítulo de la ‘Operación Ópera’, esta vez con más figurantes. Hasta 60 agentes de la Guardia Civil (45 de la Comandancia de Melilla y 15 de la Unidad Central Operativa) participaron ayer en una decena de registros simultáneos en la ciudad que se prolongaron durante horas, algunos hasta bien entrada la noche. La juez Alcázar, que autorizó las primeras intervenciones de los agentes allá por el mes de septiembre del año pasado, continuaba ayer su búsqueda de pruebas incriminatorias. En este tiempo, ha detenido a dos cargos públicos, a un empresario y a un funcionario. También ha registrado domicilios particulares, ha tomado medidas cautelares contra los sospechosos y ha retirado de las consejerías inspeccionadas cualquier documento que los guardias civiles consideraran de interés para su investigación. Todo ello, bajo secreto de sumario y sin necesidad de ofrecer de momento la más mínima explicación. Cuando permita a los imputados saber qué sospechas penden sobre sus cabezas, sabremos las motivaciones jurídicas de la juez Alcázar y conoceremos cada uno de los hallazgos incriminatorios que ha realizado desde aquella mañana de 12 de septiembre de 2013, cuando los primeros guardias civiles entraron por sorpresa en el Palacio de la Asamblea. Mientras tanto, los ‘sospechosos’ y el resto de los ciudadanos sólo podemos exigir a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 que acelere al máximo sus pesquisas. Tenemos derecho a conocer si lo que se esconde debajo de las alfombras de la Administración local es tan espectacular cómo el procedimiento escogido por la juez Alcázar para ponerlo al descubierto. La posible falta de discreción y desmesura en la actuación de los agentes de la Guardia Civil no es una discusión bizantina. Afecta de modo general a la imagen que proyecta nuestra ciudad al resto del país y de forma particular a las personas imputadas, a la actividad política local y al prestigio de las dos empresas ‘sospechosas’: Himosa y Eulen.
Los aludidos en el sumario de la juez Alcázar querrían que ésta cerrara la investigación concluyendo que no se ha podido demostrar ningún tipo de delito. Sin embargo, si esto ocurre, habría que plantearse si los guardias civiles y la juez que los supervisa no han incurrido en un presunto ‘delito’ de falta de proporcionalidad, mesura y discreción. Además, a la hora de dictar ‘sentencia’ habría que tener en cuenta el ‘agravante’ de la falta de diligencia, entendiendo ésta como ausencia de prontitud, agilidad o prisa, como define “diligencia” la Real Academia Española en su segunda acepción.
Sobre “diligencia” también tienen algo que decir los padres de Emin y Pisly. De hecho, hoy lo dirán a voces a partir de las 12:00 horas ante la puerta de la Asamblea, la misma por la que ayer entraban los guardias civiles y salían con cajas llenas de documentos. También ellos llevan esperando desde hace meses una explicación sobre la muerte a tiros de sus hijos a manos de la Marina Real marroquí. Su caso está en manos de los jueces desde el pasado 27 de octubre. El suceso, también bajo secreto de sumario, lo investigan las autoridades del país vecino. Los padres de los fallecidos saben tan poco de la marcha de la investigación cómo el resto de melillenses conocemos de la ‘Operación Ópera’. Es éste un hecho que tal vez sirva de consuelo a la tercermundista justicia marroquí, pero aquí debería invitarnos a la reflexión sobre hacia dónde camina nuestro sistema judicial.
Hasta ahora, la única información sobre la motivación de las pesquisas de la Guardia Civil y la juez Alcázar ha sido la publicada por El Faro el 14 de septiembre en relación al contenido del auto judicial que explica los indicios que dan origen a la ‘Operación Ópera’.
