La reacción de los grupos políticos de Melilla tras los primeros registros de la ‘Operación Ópera’ puede compararse a las que se produjeron en la jornada de ayer. Por parte del Gobierno melillense, tranquilidad y confianza, mientras que por la de los partidos de la oposición, críticas hacia el Ejecutivo por la falta de información. Hay que recordar que nadie tenía acceso al caso porque estaba bajo secreto de sumario y así continúa cinco meses después.
El mismo día que tuvieron lugar los primeros registros, el 12 de septiembre de 2013, el presidente Juan José Imbroda aseguró sentirse tranquilo y afirmó que la entrada de la Guardia Civil en el Palacio de la Asamblea estaba motivada por los problemas fiscales de un “empresario de medio pelo”. Asimismo, afirmó que tenía “las manos claras como el agua a chorros” y que confiaba en la actuación de la Justicia.
Por otro lado, desde el Partido Popular (PP) de Melilla, expresaban su “absoluto desacuerdo” con las formas empleadas por el Juzgado Número 4, que provocó “un espectáculo lamentable en el Palacio de la Asamblea”. En opinión de los populares, el despliegue fue “desproporcionado e innecesario” y afirmaron que “habría bastado con solicitar la documentación buscada para obtenerla”. “¿Acaso alguien piensa que en la Ciudad Autónoma se pueden destruir o falsear documentos cuyos datos están recogidos en la contabilidad presentada ante el Tribunal de Cuentas?”, agregaron.
Asimismo, los grupos de la oposición reclamaron al Ejecutivo que explicara qué estaba ocurriendo exactamente. CpM, PSOE y PPL coincidieron al pedir que se convocara a la Junta de Portavoces para informar a todas las fuerzas políticas de la Ciudad sobre lo sucedido.
Los implicados, “indefensos”
Tras la publicación del auto judicial por parte de El Faro, en el que se explicaba que había investigaciones paralelas sobre José Ángel Pérez Calabuig, Ramón Gavilán y José Pastor, el Gobierno autonómico consideró que éstos habían quedado “indefensos” ante la opinión pública. “Estas personas ya han sido condenadas por algunos, los de siempre. Ni presunción de inocencia ni nada”, declaró en aquel entonces Daniel Conesa, portavoz del Ejecutivo melillense.
Ante los medios
El 18 de septiembre de 2013, Pérez Calabuig, Gavilán y Pastor comparecían ante los medios de comunicación por primera vez para dar su versión sobre el contenido del auto judicial. En líneas generales, aseguraron que el texto estaba “lleno de errores” y de acusaciones “de las que no habían podido defenderse”. Todos coincidieron al apuntar que los más afectados por la situación eran sus familiares. “Yo puedo dormir tranquilamente por las noches, pero en Melilla ya estamos condenados”, lamentó aquel día el ex consejero de Medio Ambiente, Ramón Gavilán.
En la jornada de ayer, con los nuevos registros, Imbroda volvió a intervenir ante los medios en una situación muy similar a la de hace cinco meses. El jefe del Gobierno melillense señaló que se trataba de una “recogida de documentos” por parte de la Benemérita y se mostró dispuesto a colaborar con la Justicia.
