El contrato de navegación marítima saldrá de nuevo a concurso. Ésa es la decisión que tomaron la Ciudad Autónoma, Marina Mercante y la Secretaría General de Transportes tras la reunión que mantuvieron las tres partes en Madrid el pasado jueves. El portavoz del Gobierno melillense, Daniel Conesa, que estuvo presente en el encuentro, detalló en la jornada de ayer a los medios de comunicación que el pliego de condiciones será básicamente el mismo, aunque se cambiará un aspecto clave: El precio máximo de los pasajes. En cualquier caso, el objetivo es que los billetes continúen siendo ostensiblemente más baratos que los actuales.
La idea es licitar este servicio público por la vía urgente. No obstante, será necesario prorrogar el actual contrato durante cuatro meses más a la concesionaria, Acciona Trasmediterránea, que continuará operando hasta el próximo 31 de agosto.
El único camino
En la reunión del jueves se llegó a la conclusión de que abrir un nuevo concurso es la única vía posible. Tras los correspondientes estudios jurídicos, se determinó que no era posible acudir a un procedimiento negociado sin publicidad, como habían barajado ambas administraciones. “Si la concesión quedó desierta el pasado mes de enero fue por motivos económicos”, afirmó Conesa. “Cualquier intento de acomodarnos a las navieras interesadas conlleva modificar algún aspecto esencial del pliego, lo que obliga por ley a convocar un nuevo concurso”, detalló.
Asimismo, se analizaron las razones por las que ninguna empresa decidió presentarse. El principal motivo, según han transmitido a la Ciudad navieras como Trasmediterránea, Armas y Grimaldi, es que con las condiciones recogidas en el pliego inicial no les resultaba económicamente rentable ofrecer este servicio. Ello obliga a “replantearlo”, según afirmó el portavoz gubernamental.
“Si antes no resultó atractivo, algunas modificaciones tendremos que realizar”, recalcó. En este sentido, Conesa recordó que el precio del contrato se incrementó en casi un 30% con respecto al anterior, hasta alcanzar los 7,7 millones de euros. Pese a ello, las navieras consideran que no obtendrían los suficientes beneficios.
Servicio público para Melilla
En palabras del portavoz, la situación empresarial con respecto a la concesión del contrato antiguo, que aún sigue vigente, es notablemente distinta. Por poner un ejemplo, recordó que en Ceuta se está ofreciendo el servicio de transporte marítimo sin la consideración de servicio público. “Todo indica que en la ciudad caballa seguirán así. Se está prestando mediante libre competencia entre empresas. Las compañías no están interesadas en someterse a la rigidez de un contrato de carácter público”, afirmó.
No obstante, aseguró que en Melilla la situación es distinta y abogó por la rúbrica, en el menor tiempo posible, de un nuevo acuerdo de servicio público. “Es algo imprescindible. Nuestro caso no es como el de Ceuta”, defendió. En cuanto a los cambios que se incluirán en el pliego, insistió en que la líneas generales se mantendrán intactas y que únicamente se “trabajará” sobre las tarifas máximas de los pasajes. Hay que recordar que en primer pliego se establecía una bajada de los precios de los billetes en torno a un 40%. Por ejemplo, el billete de ida y vuelta a Málaga en butaca saldría a 17 euros con estas condiciones.
¿A cuánto el billete?
¿Cuánto variará el precio de los billetes? No hay nada decidido en este aspecto, según afirmó ayer Conesa. Sin embargo, garantizó que serán más baratos que los actuales. “En su día planteamos una bajada del 40% que ahora podría quedarse, por ejemplo, en un 25%. Un descenso menor, pero siempre inferior a los pasajes actuales”, subrayó.
Conesa señaló que otra opción posible fue la de incrementar el precio inicial de licitación por encima de los 7,7 millones de euros, pero aseguró que las compañías de transporte “no van por ahí” y que modificar las tarifas máximas permitiría a las navieras “acercarse más a la rentabilidad y poder hacer caja”.
Posible ofertas
Además, recalcó que cambiar el importe de la adjudicación supondría “un trámite complicadísimo”, al tener que modificar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), gestión que llevaría “un mínimo de tres meses”, según el portavoz gubernamental. “Se podría hacer, pero implicaría mucho más tiempo”, subrayó. “Trabajar sobre el cuadro de tarifas máximas nos da un buen margen de trabajo y es más ágil”.
Asimismo, subrayó que este cambio en los precios se establecerá de manera independiente a que, una vez concesionado el servicio, la compañía elegida decida realizar ofertas por debajo del límite indicado en el contrato. “Podrán ofrecer tarifas por debajo de la máxima, como en temporada baja”, aseveró.
