El Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla ha llamado declarar al delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, y al coronel de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, por la deportación a Marruecos de 21 inmigrantes subsaharianos que en febrero del año pasado lograron acceder a la ciudad autónoma empleando ‘coches kamikazes’. La citación se produce a raíz de la querella criminal presentada por el principal grupo de la oposición, Coalición por Melilla (CpM), y de la ONG Pro Derechos de la Infancia (Prodein) que ha sido admitida a trámite por la Justicia. Ambas entidades consideran que se pudo incurrir en un posible delito de prevaricación y otro contra los derechos individuales. Dicha información fue confirmada en la jornada de ayer a El Faro tanto por la Delegación del Gobierno como por CpM.
Los hechos denunciados por los cepemistas y la citada ONG se remontan a febrero del año pasado, cuando un total de 21 inmigrantes de origen subsahariano lograron acceder a la ciudad autónoma empleando lo que desde Delegación calificaron como ‘coches kamikazes’, vehículos con los que lograron saltarse a toda velocidad los controles fronterizos para entrar en Melilla de forma irregular. El primer caso tuvo lugar el 7 de febrero de 2013, cuando un total de nueve personas logró colarse a través de Beni Enzar usando esta táctica. Cuatro días después, la escena se repetía en Farhana, en esta ocasión con doce subsaharianos.
Ante lo sucedido, el delegado del Gobierno anunció en rueda de prensa que Melilla devolvería a Marruecos a los inmigrantes que utilizaran métodos violentos para entrar en la ciudad. En declaraciones realizadas a los medios de comunicación en aquel entonces, afirmó que era necesario “replantearse la consideración que se otorga a quienes llegan violentando la frontera, utilizando la fuerza o prestándose a situaciones de chantaje humanitario que beneficien a las mafias que trafican con seres humanos”. Además, anunció que los 21 subsaharianos que habían usado pocos días antes ‘coches kamikazes’ para acceder a Melilla habían sido devueltos al país vecino.
Acuerdo con Marruecos
En la querella presentada contra El Barkani y Martín Villaseñor se recalca que la deportación de los inmigrantes se realizó “sin los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería” y en base a la aplicación del acuerdo de repatriación que existe entre España y Marruecos del año 1992, pero que no entró en vigor hasta veinte años después, en diciembre del 2012.
En el texto remitido al juzgado, los demandantes señalan que en el citado convenio se hace alusión a un mecanismo específico para la devolución y readmisión de los extranjeros, un procedimiento distinto a los establecidos en la vigente legislación sobre extranjería, que prevé su ejecución con mayor celeridad que los previstos en la ley general.
No obstante, recalcan que la existencia de este protocolo de devolución previsto en el acuerdo internacional hispano marroquí, no debe supone “la ausencia absoluta de trámites administrativos, ni la de derechos para los extranjeros, quienes como mínimo deberían tener la posibilidad de ser identificados, de exponer sus circunstancias personales y a la asistencia letrada, ya que previamente a la devolución y readmisión, siempre existe una detención”.
En el escrito se hace referencia a la información que publicó El Faro el año pasado sobre las declaraciones de El Barkani. De las mismas se desprende que el día 12 de febrero de 2013 se produjo la devolución de los nueve inmigrantes que entraron a Melilla el día 7 a las 23:45 horas. Es decir, se tardó cinco días en ejecutar el procedimiento escogido, entre el que se incluye la identificación de los inmigrantes, la asistencia letrada, y la existencia de una resolución que acuerda la devolución y readmisión por Marruecos.
Respecto al resto de los inmigrantes, los doce que entraron el día 10 de febrero a través de Farhana, en el texto se subraya que “fueron conducidos sin tan siquiera ser identificados, ni conocer nada de sus circunstancias, a Marruecos. De hecho, podemos prever que ni tan siquiera consta algún registro de la acción realizada por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. En la misma línea, añaden que los hechos “son fácilmente comprobables” a través de un informe de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía, en la que se detalle la forma en que se produjo la devolución de los 21 inmigrantes.
