La Fiscalía pretende determinar si los niños que viajan con los inmigrantes son realmente hijos de éstos o son víctimas del tráfico de personas. Las fiscalías de Menores y Extranjería ultiman un protocolo de actuación ante el aumento de menores llegados al país en patera que incluye la realización de pruebas de ADN para determinar si lo hacen acompañados de familiares, con el fin de combatir posibles delitos de tráfico de personas con niños. El puerto de Motril (Granada) recibió el pasado 7 de enero una patera con 51 inmigrantes entre los que viajaban nueve menores, una presencia de niños que se ha incrementado de manera paulatina desde el año 2009. Para evitar que los niños se conviertan en víctimas de un delito de tráfico de personas, las administraciones regional y central, las organizaciones de apoyo a los inmigrantes y las Fuerzas de Seguridad ultiman un protocolo para comprobar la filiación de los niños y aclarar si sus acompañantes son realmente familiares.
La brigada de la Policía Científica de la Policía Nacional de Granada ha detallado que el laboratorio de ADN del Cuerpo trabaja para comprobar el parentesco de los menores que llegaron a Motril y sus acompañantes, una pericia que desarrollan con la Comisaría General de la Policía en Madrid y en colaboración con la Fiscalía de Menores.
El fiscal coordinador de Menores de Andalucía, Rogelio Muñoz Oya, ha detallado que el fenómeno de la llegada de menores en patera apareció de manera esporádica en 2009 y que el pasado año se notó un mayor calado de esta práctica que ha motivado el diseño de un protocolo.
Las fiscalías de Menores y de Extranjería del Estado, en colaboración con los defensores del Pueblo nacional y andaluz, los Cuerpos de Seguridad, los centros de protección de menores y Cruz Roja, como responsables de su atención en el momento de la llegada de las pateras, trabajan en el protocolo para abordar este incremento de menores. “Había que aclarar qué función tiene cada parte en la llegada de menores en patera y una de las acciones más importantes era determinar la relación de filiación de los menores, para lo que se hacen las pruebas de ADN siempre con el consentimiento de los afectados”, ha detallado Muñoz Oya.
El fiscal coordinador de Menores de Andalucía ha avanzado que se han establecido los mecanismos para analizar el tema hasta que el protocolo final se apruebe, para lo que se ha fijado un calendario de reuniones entre las partes. Junto a las pruebas de ADN, los menores se inscriben en un registro al llegar a las costas andaluzas, se reseñan sus historias y se les toman los datos, y los centros de atención a los que se derivan se encargan de su evolución.
“Hay que valorar si los menores entran de manera irregular o son víctimas de delitos y garantizarles medidas de protección”, ha subrayado el coordinador de la Fiscalía de Menores. Muñoz Oña ha señalado que el primer paso para abordar el incremento de menores se ha avanzado y que cada parte involucrada en el proceso, tanto las fiscalías como los cuerpos policiales, se encargan de sus competencias anteponiendo la salvaguarda de los menores.
Las reuniones con todos los implicados continuarán en breve hasta que la Fiscalía del Estado detalle con su protocolo las funciones de cada una de las partes.
