La Audiencia Provincial ha procesado a 62 presos preventivos este 2013, frente a los 32 del año pasado.
La Audiencia Provincial en Melilla ha procesado este año al doble de detenidos por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros o más conocido como tráfico de inmigrantes. En lo que va de año se han procesado a 62 presos frente a los 32 del año pasado, según informó el presidente de la Audiencia, José Luis Martín Tapia. Este incremento no se debe únicamente a que la Guardia Civil y la Policía Nacional haya interceptado más vehículos con inmigrantes ocultos en dobles fondos, sino también a una agilización en los trámites judiciales de estos casos. Martín Tapia destaca que, gracias a la colaboración de los Juzgados de Instrucción de Melilla, se ha reducido el tiempo entre la detención y el juicio a tres meses.
Los procesos judiciales con personas en prisión preventiva tienen prioridad a la hora de señalar un juicio. Se procura que éste se celebre lo antes posible y hasta ahora este tiempo de podía prolongar hasta un año. Pero la coordinación entre los jueces de Instrucción y la Audiencia Provincial ha conseguido que el tiempo de espera para la celebración de un juicio sea de tres meses. Y en algunos casos incluso menor. “Algunos procesos judiciales en delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, la instrucción se resuelve en el mismo Juzgado de Guardia”, destaca el presidente de la Audiencia.
Los tres magistrados que componen el tribunal de la Audiencia dicen estar “muy contentos” con la rápida resolución de estos casos, aunque por su sala de juicios también se celebran otros por delitos contra la salud pública o drogas, abusos sexuales. “Estamos teniendo unos datos muy buenos. Estamos muy contentos porque se ha dado un gran paso”, ahonda Martín Tapia.
La mayoría de los juicios por tráfico de inmigrantes no se llega a celebrar, depende de las pruebas existentes, pero los abogados aconsejan a sus clientes llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal para rebajar la pena. La Fiscalía habitualmente pide para los acusados de tráfico de inmigrantes seis o siete años de prisión, pero en los acuerdos que alcanzan con los abogados defensores se impone la pena mínima recogida en el Código Penal, cuatro años.
De este tipo de delitos únicamente han quedado pendientes este año once procesos, pero ya tienen su fecha de juicio para el próximo mes de enero. En el último trimestre del año, se han celebrado en la Audiencia juicios de personas detenidas el pasado verano, lo que da muestra de la agilización que Martín Tapia solicitó en su día a los jueces de Instrucción.
Además, el presidente de la Audiencia cree que la agilización y la publicidad de este tipo de juicios puede contribuir a disuadir a las mafias de utilizar la fórmula de los dobles fondos en vehículos para esconder inmigrantes y cruzar la frontera. Los conductores de estos vehículos son el último eslabón de las organizaciones que trafican con inmigrantes y reciben entre 200 y 300 euros por cruzar la frontera. Sin embargo, las penas de cárcel a las que se enfrentan puede ser de ocho años de prisión y si el inmigrante es menor de edad, la condena puede ascender a 12 años.
Tres meses para tener juicio y sentencia
El pasado viernes la Audiencia Provincial celebró el juicio contra dos marroquíes acusados de cruzar la frontera con un inmigrante escondido en un doble fondo. Los hechos se produjeron el pasado mes de septiembre y fue el segundo caso en el que abandonaron al inmigrante en la Pista de Carros. La Guardia Civil detuvo a los procesados en el paso de Beni Enzar, después de que dos militares en la Base Alfonso XIII fueran testigos de los hechos y alertaran a la Benemérita. Desde su detención y paso por el Juzgado de Guardia ambos acusados han estado en prisión preventiva hasta la celebración del juicio. Éste se celebró el pasado viernes, tal y como publicó El Faro en su edición del sábado. Ahora únicamente resta que el tribunal delibere e imponga la sentencia. Lo que, a la luz de la agilidad procesal conseguida, no se alargará mucho.
