El Gobierno ha rechazado la moción socialista, que también recibió enmiendas de CiU.
El Gobierno central ha rechazado una moción presentada por el Grupo Parlamentario socialista sobre inmigración que pedía, entre otras cosas, reforzar la asistencia humanitaria, financiera y política en zonas en crisis del Norte de África y apoyar con medios materiales y humanos una misión militar humanitaria en aguas del Mediterráneo para controlar la llegada de pateras a Europa.
A la iniciativa socialista, presentada el pasado 31 de octubre y cuyo rechazo fue publicado ayer por el Boletín Oficial de las Cortes Generales, se presentaron varias enmiendas de la Izquierda Plural y Covergencia i Unió (CiU) que exigían la eliminación de las concertinas de la valla de Melilla, el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) de la península, la agilización de los procesos de regularización de inmigrantes por arraigo o el incremento de los fondos de Cooperación al Desarrollo.
La moción socialista fue presentada hace dos meses, poco después de que ocurriese la tragedia de Lampedusa en la que perdieron la vida más de 300 inmigrantes que intentaban alcanzar las costas italianas.
Justamente la Unión Europea se reunió el pasado día 18 para debatir la organización de una misión militar similar a la Operación Atlanta, que se puso en marcha en 2008 contra la piratería somalí, pero la propuesta italiana no salió adelante y contó con la oposición de España. Nuestro país no cree que estemos ante la misma situación de emergencia, según explicó el secretario de Estado de Exteriores, Gonzalo de Benito.
Por los derechos humanos
La moción socialista sobre inmigración rechazada por el Gobierno de Rajoy para empezar pedía promover un acuerdo político entre todos los grupos con representación parlamentaria “que impulse en las instituciones europeas un enfoque integral para abordar los retos del fenómeno migratorio en los próximo años”.
Para ello, sugería la adopción de medidas encaminadas a “garantizar las acciones de salvamento marítimo a nivel de la Unión, dando prioridad a la protección de la vida y la integridad física de las personas que puedan encontrarse en peligro”. También exigía que se atendieran de “forma adecuada” las peticiones de asilo y protección internacional y que se promoviera un reparto de responsabilidad para asistir a los países que soportan una mayor presión migratoria, como es el caso de España.
La propuesta socialista hacía además hincapié en garantizar los derechos fundamentales universales de los inmigrantes, reforzar la asistencia humanitaria, financiera y política en zonas en crisis del Norte de África y Oriente Próximo “para abordar las causas profundas de la migración y las presiones humanitarias”.
El PSOE también pedía en la moción rechazada por el Gobierno el impulso de acuerdos para trasladar al territorio de la Unión Europea a las personas que se encuentren “en situación de inminente necesidad de refugio procedentes directamente de los países en situación de conflictos o de los campos de refugiados de los países limítrofes”.
Los socialistas reclaman además que España se sumara “de manera decidida” a los esfuerzos en auxilio de los refugiados sirios y que se adoptaran “urgentemente” todas las medidas legislativas necesarias para asegurar el derecho a la asistencia sanitaria a todo el colectivo de inmigrantes.
Luego, de forma general, reclamaba la recuperación de políticas de integración de inmigrantes, el refuerzo de la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y el incremento de partidas para Cooperación al Desarrollo.
Enmiendas de la izquierda
Por su parte, la Izquierda Plural presentó varias enmiendas a la moción socialista exigiendo la agilización de los procesos de regularización por arraigo, de la renovación de permisos de residencia y trabajo y las solicitudes de reagrupación familiar, “teniendo en cuenta la situación de las personas que pierden su permiso de residencia y de trabajo por causas sobrevenidas”.
En esta línea, pedían que se generaran “las vías adecuadas para garantizar el derecho a vivir en familia de los inmigrantes”.
Además, los diputados Laia Ortiz Castellví y Joan Coscubiela, portavoz de la Izquierda Plural, reclamaban el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros que existen en todo el Estado español “porque atentan contra los derechos humanos de personas que han cometido una infracción administrativa por estar en situación irregular”.
Los CIEs, según la enmienda del grupo parlamentario que agrupa a IU, ICV-EUiA y el CHA, refuerzan “la lógica inhumana de la política de encierro de los extranjeros”. Además la Izquierda Plural considera que la gestión de estos centros “sigue siendo opaca y continúa vulnerando los derechos” de los inmigrantes.
Asimismo, exhortaban a que se recupere “el nivel de financiación” del Fondo de Acogida que tenían las comunidades autónomas para fomentar la integración de inmigrantes, atendiendo a parámetros de empleo, vivienda, salud, infancia y refuerzo educativo.
PSOE
Inmigración, como responsabilidad europea
El PSOE presentó una moción sobre inmigración en el Congreso en octubre pasado que hacía hincapié en tomar medidas a nivel europeo. Los socialistas pedían a la UE “un mejor reparto de la responsabilidad” para asistir a los países que soportan mayor presión migratoria.
izquierda Plural
Agilizar procesos de regularización por arraigo
La Izquierda Plural presentó varias enmiendas a la moción socialista sobre inmigración. Sobre todo, reclamaban que se agilizaran los procesos de regularización de inmigrantes por arraigo, de renovación de permisos de residencia y de peticiones de reagrupación familiar.
Convergenia i Unió
Recuperar políticas de integración de inmigrantes
Las enmiendas de CiU a la moción socialista iban encaminadas a mejorar la integración de inmigrantes con más fondos del Estado.
Fiscales muestran su “rechazo” a la concertina porque pone en peligro la vida de inmigrantes
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) aseguró ayer que las concertinas instaladas en la valla fronteriza de Melilla y Ceuta ponen “en grave peligro la vida y la integridad” de los inmigrantes, por lo que ha expresado su “absoluto rechazo” a este sistema de alambres con cuchillas.
Las concertinas, que según la Unión Progresista de Fiscales ya fueron utilizadas en nuestras fronteras y causaron “importantes heridas” así como la muerte de un inmigrante, son “incompatibles con el respeto a la dignidad de las personas que la Constitución consagra como fundamento del orden político y la paz social”.
“Una sociedad democrática como la nuestra no puede ser insensible a las mayores formas de sufrimiento que padecen las personas que inician los procesos migratorios”, afirmó ayer esta asociación de fiscales.
Asimismo la UPF reclama una reflexión sobre la configuración de una Europa “que no para de reforzar sus fronteras y que asiste impávida al drama de la muerte de miles de personas en toda su frontera sur”.
Criminalizar la inmigración
Para la UPF, la justificación dada por el Gobierno sobre la utilización de este sistema de cuchillas también en las cárceles, “ahonda en la criminalización del migrante” y puede producir equívocos en la ciudadanía “al equiparar el delito de huir de la prisión (quebrantamiento de condena) con una infracción administrativa como es la entrada en España de modo irregular”.
Esta postura de la Unión Progresista de Fiscales hace alusión a las declaraciones del ministro del Interior, Jorge fernández Díaz, que esta semana recordó que las concertinas también están colocadas en las vallas de las prisiones de toda España.
Según estos fiscales, todo sistema que se oponga “de manera férrea” al natural fluir de los movimientos migratorios “refuerza y acrecienta la labor de las mafias que tratan y trafican con seres humanos, convirtiéndolas en la única opción para migrar desde los países de origen”.
