La Ciudad cree que actuó “bien”, negando a Valdivieso unos datos que no está autorizado a saber. El consejero de Economía, Daniel Conesa, acudió ayer a los juzgados melillenses para prestar declaración por la denuncia que el presidente de Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios (AMEU), José Valdivieso, presentó contra él por prevaricación. Tras declarar, fuentes cercanas a la Ciudad Autónoma aseguraron a El Faro que están convencidos de que el caso quedará archivado porque consideran que la Administración local y en concreto Conesa “actuaron bien”. Según pudo saber este diario, el consejero explicó en el juzgado que desde su área se respondió hasta en tres ocasiones a la solicitud de información que Valdivieso presentó para que se identificara a un determinado funcionario y se le informara de cuál es la relación laboral que mantiene con la ciudad Autónoma.
Según explicaron las mismas fuentes, las tres respuestas no fueron de satisfacción para el presidente de AMEU, lo que derivó en la denuncia por prevaricación contra Conesa y el secretario técnico de la Consejería de Economía y Hacienda. Éstas insistieron en que la Ciudad “actuó bien” y dijeron creer que el caso quedará archivado.
La denuncia viene motivada por una petición de información que Valdivieso presentó en el área de Intervención en diciembre de 2011 sobre el Consejo de la Juventud de Melilla y al considerar que no obtenía una respuesta adecuada acudió nuevamente cinco meses después para presentar una queja. El denunciante quiso registrar la queja y necesitaba que un funcionario la registrara, pero la empleada pública que iba a hacerlo recibió la orden de otro trabajador de que no lo hiciera, siempre según los hechos denunciados por Valdivieso.
A raíz de este hecho, el presidente de AMEU presentó otra solicitud sobre la relación laboral de este empleado con la Ciudad Autónoma así como su identificación, considerando que la Carta de Derechos de los Ciudadanos con la Administración ampara este tipo de peticiones. El rechazo de Conesa a ofrecerle estos datos no fue del agrado de Valdivieso, pues dijo que éste “no estaba autorizado a conocer al detalle la vida laboral o profesional de cualquier empleado público”, según lo denunciado por Valdivieso.
