El director del Instituto Español de Estudios Estratégicos de Defensa cree que hay que reaccionar rápido.
El general Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, ha alertado sobre el peligro que representa para Melilla la inestabilidad en los países del Sahel. ¿“Se imaginan un ataque a la valla de Melilla de 3.000 personas en vez de 300?”, se preguntó el militar durante una conferencia impartida en la Casa Árabe de Madrid.
Dicho y hecho. En la noche del pasado martes un millar de inmigrantes subsaharianos trató de abalanzarse sobre la doble alambrada que separa Melilla de Marruecos para intentar saltar la valla.
La pregunta sobre una hipotética avalancha de 3.000 personas sobreel perímetro fronterizo melillense la hizo el general Miguel Ángel Ballesteros en el marco de una ponencia en la que abordaba la estrategia que debe adoptar Europa ante la amenaza terrorista y la inestabilidad en la zona.
El militar tiene claro que los graves problemas del Sahel, de Marruecos, de Túnez o de Libia, son también los problemas de España.
En su opinión, si Europa no ayuda a organizar los ejércitos de estos países para que conserven su soberanía, los yihadistas podrían aprovechar ese caldo de cultivo.
Las opiniones del general Ballesteros reflejan la preocupación de España por los conflictos en el Sahel. De hecho, la semana pasada el secretario de Estado de Exteriores, Gonzalo de Benito, estuvo de visita en Marruecos participando en una Conferencia regional sobre el control de fronteras en el Sahel.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de inmigrantes que arriban a Melilla proceden de los países de esta zona (Mauritania, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Senegal, Chad o Guinea, entre otros).
Derechos humanos y frontera
Al hilo del control de las fronteras, la Defensora del Pueblo europeo, Emily O'Reilly, ha pedido a la Agencia de Control de Fronteras Exteriores (Frontex) de la Unión Europea que establezca un mecanismo para gestionar directamente las quejas sobre violación de derechos fundamentales que se deriven de su trabajo.
En el caso de Melilla, las quejas de violaciones de derechos humanos a ambos lados de la frontera se canalizan a través de ONGs locales y pruebas documentales recogidas por partidos políticos.
La labor de Frontex, que se encarga de coordinar la cooperación de los Veintiocho en materia de seguridad en las fronteras e inmigración ilegal, ha estado últimamente en el punto de mira de la UE a raíz del naufragio de una embarcación frente a la isla de Lampedusa en octubre en el que murieron casi 400 personas que intentaban llegar a Italia. También por la colocación de cuchillas en la valla de Melilla, para dificultar el salto de inmigrantes.
“Con el telón de fondo de la tragedia de Lampedusa y otras catástrofes humanitarias recientes en las fronteras de la UE, es vital que Frontex gestione directamente las quejas de inmigrantes y otra personas afectadas”, señaló la Defensora del Pueblo en un comunicado.
“No acepto la visión de Frontex de que las violaciones de derechos humanos son responsabilidad exclusiva de los Estados miembros implicados”, añadió.
La Agencia, que tiene su sede en Varsovia (Polonia), está sujeta desde 2009 a la Carta de Derechos Fundamentales y desde 2011, además, a exigencias adicionales impuestas por la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea.
La Defensora del Pueblo europeo emprendió el año pasado una investigación para ver si Frontex cumplía con estos estándares en materia de derechos humanos, dentro de la cual se realizó una consulta pública en la que participaron ciudadanos y organizaciones de derechos humanos de la Unión.
La Agencia acató la mayoría de las recomendaciones de O'Reilly y tomó medidas como la creación de un puesto de responsable de derechos fundamentales, la adopción de una estrategia en esta materia o la elaboración de códigos de conducta para sus operaciones. Sin embargo, rechazó establecer un mecanismo para resolver las quejas con el argumento de que los incidentes individuales eran responsabilidad de cada Estado miembro.
La Defensora, que no comparte esta opinión, ha elevado un informe especial al Parlamento Europeo para que inste a la Agencia a adoptar la medida.
Europa incrementa el presupuesto asignado a Frontex
El pleno del Parlamento Europeo (PE) dio ayer luz verde al presupuesto de la Unión Europea para 2014, que supone una disminución de un 6,2 % respecto a las cuentas de este año.
En las complejas negociaciones que se han prolongado durante meses el Parlamento “ha conseguido aumentar” el presupuesto que los Estados miembros preveían en un principio destinar a la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras Exteriores (Frontex), la Oficina Europea de Asilo, Europol y la cooperación internacional.
El acuerdo presupuestario de ayer fue posible después de que los Estados miembros aceptaran aumentar por primera vez en tres años los límites que habían establecido al inicio de las negociaciones, en concreto en 500 millones para los pagos y 414 millones para los compromisos.
La UE da un ultimátum a España para que frene la trata de seres humanos
La Comisión Europea dio ayer un ultimátum a España, Chipre, Italia y Luxemburgo para que traspongan lo antes posible a sus ordenamientos jurídicos la normativa europea sobre el tráfico de seres humanos, bajo amenaza de una denuncia en caso de incumplimiento. Bruselas ha enviado un dictamen motivado a los cuatro Estados miembros, en el que se les pide formalmente que garanticen el cumplimiento total de las obligaciones que les impone la normativa europea.
La CE ha denunciado que, más de seis meses después de que finalizara el plazo para trasponer a la normativa nacional las disposiciones de la legislación europea y pese al aviso formal enviado el pasado 29 de mayo, “estos países todavía no han notificado las medidas nacionales adoptadas”.
A los cuatro países se les ha dado un plazo de dos meses para corregir la situación.
El Ejecutivo comunitario advierte de que, en caso contrario, podría decidir remitirles al Tribunal de Justicia de la Unión.
La Directiva europea sobre tráfico de personas pretende mejorar la situación de las víctimas e impedir a otras personas caer en las redes que se dedican a esas actividades.
En particular, cubre acciones en áreas como el derecho penal, el apoyo a las víctimas, la prevención y el control.
