El colectivo de Melilla protagonizó una concentración pidiendo la cancelación del texto. Los procuradores de Melilla no están nada contentos con la nueva Ley de Servicios Profesionales. En la jornada de ayer, el colectivo protagonizó una concentración a las 13:00 horas en las puertas de los Juzgados de la ciudad autónoma, a la que acudieron unas 40 personas, aproximadamente.
La decana del Colegio de Procuradores de Melilla, Concepción García, señaló en un manifiesto leído ante los presentes que el mencionado anteproyecto de ley “encarecerá los procesos y aumentará la inseguridad jurídica”. Asimismo, subrayó que el texto vendrá a equiparar la figura de los procuradores con la de los abogados. En sus palabras, este cambio “entorpecerá la labor de la Oficina Judicial”.
García detalló que la actual legislación regula con carácter exclusivo el ejercicio de la procura, con reserva de actividad, representación técnica, como función privada y como representante. Por otro lado, está la faceta pública, que se desarrolla en los órganos judiciales, especialmente en los actos de notificación y comunicación con los usuarios. No obstante, la nueva normativa restará competencias al colectivo.
Por otro lado, resaltó que la aplicación de la ley supondrá “un coste tremendo” para la administración pública, ya que actualmente hay múltiples gestiones que se sufragan con el dinero de los procuradores. “Actualmente se producen 80 millones de notificaciones gestionadas por los 67 colegios de procuradores que hay en España, que asumen el coste de la gestión del sistema informático y del personal”, agregó la decana de Melilla, quien recordó que en toda España hay 1.200 empleados cuyo salario se paga con fondos de los colegios profesionales del colectivo.
“Nos sentimos sorprendidos y decepcionados por esta nueva Ley”, afirmó García. “No entendemos por qué la ha aprobado el Ministerio de Economía y Hacienda en lugar de hacerse cargo de ella el de Justicia. Hay errores por puro desconocimiento”, censuró. Además, lamentó que con la equiparación entre abogados y procuradores, los nuevos licenciados tengan que superar una serie de pruebas específicas para acceder al puesto. En el caso de los procuradores, éstas serán más duras, pues incluirán diversos másters y tutorías.
Coste para el usuario
Por otro lado, aseguró que la nueva Ley perjudica al usuario, ya que con la figura del procurador “se sabe exactamente cuánto se va a tener que pagar, pues existen unas tasas establecidas”. “A partir de ahora se cobrará los dos trabajos de manera conjunta, el que desarrolle la figura del abogado por un lado y la del procurador por otro. No hay abaratamiento de costes ninguno”, criticó García.
En definitiva, lo que piden los procuradores de la ciudad autónoma, así como los del resto del país, es “la retirada inmediata” de este texto. De llevarse a cabo su aprobación, “los principales perjudicados serán los usuarios”.
