El delegado de Gobierno en Ceuta quiere evitar el “bloqueo policial” de algunos colectivos. El delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González, tiene previsto reunirse próximamente con la directora general de Política de Interior, Cristina Díaz Márquez, para proponerle la reducción de los tiempos de trámite de las peticiones de asilo por parte de inmigrantes. Con esta iniciativa, que afectaría indudablemente a Melilla, el responsable gubernamental ceutí quiere evitar la situación de “bloqueo policial”, pues hay colectivos, como el argelino, que aprovechan la espera para delinquir.
La pretensión de la Delegación en la ciudad caballa es que se modifique la norma y que afecte de manera exclusiva a Melilla y Ceuta para que la resolución de las peticiones de asilo se comuniquen a los inmigrantes “mucho antes, aunque respetando los plazos que marca la legislación vigente en materia de Extranjería”.
Problemas para la repatriación
El delegado del Gobierno ceutí cuenta con informes elaborados por la Policía Nacional y la dirección del CETI caballa, el cual también se encuentra saturado, en parte por la lentitud con la que se resuelven las solicitudes de asilo. El periodo normal es de seis meses, pero hay colectivos que en Ceuta superan este plazo, lo que desemboca en episodios de tensión o protestas entre colectivos en las instalaciones del CETI ceutí.
En algunos casos, la espera de una respuesta hace que los inmigrantes que en Ceuta solicitan el asilo, intenten de manera constante ‘colarse’ en los barcos con destino a la península o aprovechen para delinquir a sabiendas de que siendo solicitantes de asilo y/o teniendo cuentas pendientes con la justicia no podrán ser repatriados. Es el caso del colectivo argelino, país con el que sí hay acuerdo de repatriación.
La Policía Nacional en Ceuta informó al delegado del Gobierno que, además, muchos inmigrantes aprovechan la lentitud del trámite de la solicitud de asilo para delinquir y hasta que este trámite no se resuelve, no se puede actuar contra ellos, para saldar cuentas por los delitos cometidos.
