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Según el sindicato, el delegado del Gobierno se ha “comprometido” a que el Consejo de Ministros autorice el viernes nuevos pagos. La plantilla de Serramar volvió a colocarse ayer detrás de la pancarta para denunciar los retrasos que acumula en el cobro de sus nóminas y reclamar soluciones ante una situación que, insisten, “comienza a ser desesperante”. Lo hicieron, como la semana pasada, frente a a la sede de la Delegación del Gobierno y es allí donde, según anunciaron sus representantes sindicales, han puesto las esperanzas para una rápida resolución del conflicto. Salah-dim el Meesaudi, responsable de Acción Sindical de UGT en la empresa, aseguró como “novedad” el “compromiso” adquirido por el representante de la Administración central en la ciudad, Abdelmalik El Barkani, para encontrar en Madrid una solución a los impagos.
El ansiado espaldarazo a la resolución del conflicto pasaría por la mesa del Consejo de Ministros de este viernes. Esa vía es la misma que los trabajadores aseguran que llevan esperando desde hace meses, pero en esta ocasión confían en que sea “la definitiva”. Las miras están puestas en esas citas semanales porque la dirección de Serramar achaca desde hace tiempo que no puede afrontar las nóminas porque acumula impagos por parte del Estado en los contratos en vigor para la vigilancia de varias dependencias oficiales en la ciudad. La plantilla estima que si esas cantidades, correspondientes a las facturas pendientes de marzo y abril, fueran abonadas, la empresa se quedaría sin argumentos para no saldar las deudas contraídas con sus empleados.
“El delegado del Gobierno se ha comprometido a que esas facturas pasen este viernes por el Consejo de Ministros. Eso esperamos, porque nos lo llevan diciendo desde hace muchas semanas. Confiamos en que esta vez sea por fin la definitiva”, aseguraban ayer los representantes sindicales. De momento, las próximas protestas, los días 19 y 24, siguen en pie.
Un mes de protesta
Los impagos de Serramar a su plantilla de vigilantes comenzaron hace meses, pero las movilizaciones están a punto de cumplir ahora el primero. A finales de junio el escenario elegido fueron las instalaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde la plantilla presta sus servicios, que también se extienden a otras dependencias oficiales gestionadas por el Estado (Centro de Día, INEM, Casa del Mar y las obras del nuevo hospital y en la promoción de viviendas del antiguo acuartelamiento Gabriel de Morales).
El Meesaudi recordaba también ayer que la principal arma de protesta que habían esgrimido contra la empresa, la convocatoria de la huelga prevista para el pasado martes 9, tuvo que ser desconvocada un día antes “por los servicios mínimos abusivos que impusieron, que en el CETI llegaban a más del 75% y en el resto de las oficinas al 100%, por lo que no tenía sentido la protesta”. Fue entonces cuando la plantilla decidió conceder “un margen de tiempo” al delegado del Gobierno para que realizase las gestiones oportunas, que podrían fructificar este viernes si las facturas pendientes pasan por el Consejo de Ministros.
Los impagos de Serramar afectan a 52 trabajadores, que no han recibido las nóminas de junio ni la paga extraordinaria. Diez de ellos tampoco han cobrado la de mayo. Las deudas, dependiendo de cada caso, oscilan entre los 2.000 y los 4.000 euros por empleado.
