La secretaria de Política Social en Melilla defiende la viabilidad del sistema público de prestaciones. La secretaria de Política Social de UGT Melilla, Rita de Casia, aseguró ayer que la sostenibilidad del sistema público de pensiones está garantizada “a corto, medio y largo plazo, gracias, entre otras cosas, al acuerdo consensuado en 2011 entre el Gobierno y los interlocutores sociales y en el marco del Pacto de Toledo”. Ese acuerdo, insistió, con menos de siete meses en vigor, “se anticipa de forma equilibrada y eficaz a los retos económicos y demográficos futuros y ha tenido en cuenta, por tanto, los efectos que pudieran derivarse del acceso a la jubilación de la generación del ‘baby boom’ de mediados de los 70”.
De Casia restó también credibilidad a los informes, a su juicio, “interesados que sólo pretenden una recorte en las pensiones”. En este sentido, rechazó “las presiones para abordar con urgencia una nueva reforma, porque no obedecen a intereses o necesidades reales, sino a una clara estrategia ideológica”, que pretende aprovechar la situación de crisis económica que vive el país “para reducir la parte pública y solidaria de nuestro actual modelo de pensiones, como primer paso para su privatización”.
Asimismo, hizo hincapié en que no es un problema del Sistema de la Seguridad Social, “que es sostenible, sino de la falta de políticas en favor del empleo”. Desde el sindicato defienden que “hay que actuar sobre el mercado de trabajo, frenar la destrucción de puestos de trabajo, la caída de la afiliación y apostar por políticas que incentiven la actividad y el empleo de calidad”.
En esa línea, la responsable de Política Social de UGT considera que de las proyecciones demográficas que se hacen para un horizonte de los próximos 50 años no se pueden extraer “conclusiones veraces”, ya que que “importantes expertos en la materia han asegurado recientemente, en primer lugar que las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística sobre evolución demográfica han sido manifiestamente erróneas en años anteriores y en segundo lugar que en todas las proyecciones que se hacen para dentro de 40 años, la probabilidad de que ocurra es cero”. E insiste: “A nuestro juicio, a las proyecciones demográficas y económicas que se elaboran a 40 o 50 años, debemos darle la capacidad probatoria que se merecen y no más.
Los sindicatos han reiterado en numerosas ocasiones, desde que comenzó la actual crisis económica, que el Gobierno puede estar intentando aprovechar la coyuntura desfavorable para fomentar la suscripción de planes privados de pensiones en detrimento de un sistema público que consideran que, pese a todo, es viable.
