UGT tacha de “contubernio” que se obligase a trabajar a entre el 75% y el 100% de la plantilla. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) contará hoy con el número habitual de vigilantes privados tras la desconvocatoria, ayer, de la huelga que la plantilla de Serramar iba a protagonizar a partir de las seis de la mañana en demanda del pago de las nóminas que se le adeudan. El motivo de la marcha atrás en el último momento, según confirmaron los representantes sindicales, era la respuesta al “abusivo” porcentaje de servicios mínimos impuesto para la jornada de protesta por la Delegación del Gobierno. El organismo que dirige Abdelmalik El Barkani obligaba a trabajar hoy al 75% de la plantilla del CETI, pero en el resto de instalaciones donde también presta servicio Serramar (Centro de Día, obras del nuevo hospital, oficina del Imserso, oficina del INEM, Casa del Mar y obras de edificación de viviendas en el antiguo acuartelamiento Gabriel de Morales) la proporción se elevaba al 100%. La Delegación del Gobierno alegó, en estos casos, que la plantilla, compuesta por un único vigilante, impedía adoptar cualquier otra solución.
Alonso Díaz, secretario general de UGT en Melilla, canalizaba a media mañana el malestar de los 52 empleados de la empresa afectados por los impagos. “El delegado se ha equivocado, porque así no protege el derecho constitucional de los trabajadores a la huelga”, denunció. Y fue más allá al intuir que su decisión se basa en que “la empresa y la Delegación se autoprotegen” porque son las Administraciones Públicas las que más dinero adeudan a Serramar, argumento que la empresa ha utilizado en las últimas semanas para justificar los retrasos en los pagos a su plantilla. “Han formado un contubernio”, insistía Díaz visiblemente enojado, subrayando que los servicios mínimos impuestos “destrozan el derecho a la huelga”.
“Un plazo razonable”
A partir de ahora, confirmaron los sindicatos, los vigilantes afectados concederán “un plazo razonable de tiempo al delegado del Gobierno” para comprobar si realmente la Administración tiene intención de saldar sus deudas con Serramar, escenario que abriría una posible puerta para desbloquear el conflicto. Si por el contrario a lo largo de la semana no perciben soluciones, emprenderán “nuevas medidas de presión”.
El máximo representante de UGT en Melilla tuvo también duras palabras contra el “encargado de Serramar en Melilla”, que identificó como Aurelio Pérez, “un guardia civil jubilado” y al que tachó de “caradura”. Según su reconstrucción de los hechos de los últimos días, este representante de Serramar en Melilla habría intentado “presionar” a los trabajadores “enviando mensajes a sus móviles” para intentar que no secundaran la huelga. “Que cuide mucho las formas. Si quiere guerra la va a tener. Esto no es la Guardia Civil, aquí somos vigilantes privados. Queda advertido”, reiteró Alonso Díaz. El conflicto laboral, de momento, queda en el “impasse” que los sindicatos aseguraron ayer que conceden a la Delegación del Gobierno con la esperanza de que ésta logre que recuperen los salarios atrasados.
