Denuncian que Serramar intenta “romper la unidad” al abonar cantidades a ocho empleados.
Los trabajadores de Serramar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) irán a la huelga el próximo martes si la empresa no ofrece una solución en los próximos días a los impagos acumulados en los últimos tres meses. Durante la segunda de las protestas convocadas a las puertas de las instalaciones, los más de 50 empleados afectados volvieron a reclamar el abono de las nóminas atrasadas –las correspondientes a abril, mayo y junio, más la paga extraordinaria– e insistieron en que la compañía no aporta ninguna respuesta ni salida a una situación que se está tornado “insoportable” y “dramática”.
Los representantes sindicales confirmaron que ya han presentado ante la Delegación del Gobierno la documentación requerida y que, salvo una solución por parte de la empresa durante los días que restan, la plantilla de vigilantes privados del CETI quedará reducida a los servicios mínimos que disponga la Administración. La protesta comenzará a las seis de la mañana del día 9 y se prolongará durante 24 horas. También se mantiene, en paralelo, el calendario de movilizaciones previsto, que incluye nuevas concentraciones frente a las puertas de las instalaciones este jueves y el día 8, víspera de la huelga.
El director, “de vacaciones”
Mayte Molina, secretaria de Acción Sindical de UGT, denunció que Serramar podría estar intentando “romper la unidad de acción sindical” con el abono, hace apenas unos días, de cantidades puntuales a ocho de los 52 trabajadores afectados. “Han sido ingresos de entre 400 y 500 euros”, confirmó tras calificar la estrategia de la empresa de “un hecho increíble”.
Los representantes de la plantilla también tachan de “ilógico” que el director del CETI haya iniciado sus vacaciones sin encontrar un desenlace satisfactorio al conflicto laboral que mantienen los vigilantes con la empresa que los contrató. “Aquí nadie quiere saber nada: ni Serramar, ni la dirección del centro, ni la Delegación del Gobierno, que debería dar una explicación al ser el Estado quien paga a la empresa”, insistían ayer. Los sindicatos exigen el desbloqueo urgente del laberinto en el que han quedado atrapados los trabajadores: “Si la empresa cobra de la Administración y no paga habrá que exigirle que lo haga o rescindirle el contrato. Y si es la Administración la que no está pagando, habrá que reclamárselo a ésta, pero los empleados no pueden seguir más en esta situación”.
Mientras tanto, los afectados reconocían ayer que viven “momentos de desesperación”. Las deudas contraídas por la empresa oscilan, según los casos y el número de horas extraordinarias cubiertas, entre los 2.000 y los 4.000 euros. “Ya no sabemos ni qué decir a los bancos. Parece que este tema no importa a nadie, que nuestras protestas caen en saco roto”, denunciaba ayer Dámaso García, delegado de Acción Sindical de UGT en la empresa, arropado por el resto de sus compañeros.
Serramar acaba de renovar por dos años el contrato de vigilancia privada en el CETI con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Además de en estas instalaciones, también presta servicio en instituciones públicas como la Casa del Mar o los Centros de Día. Los trabajadores aseguran que la empresa se comprometió a saldar sus deudas el pasado día 20, pero desde entonces no han tenido noticias ni compromiso verbal que les permita albergar esperanzas de una resolución inminente. “Mienten y estiran el tema para no pagar”, denunciaban ayer. “Engañan a los delegados sindicales y al resto de la plantilla”, denunciaba García, quien recuerda que la Administración debería actuar como responsable subsidiaria ante un escenario que considera “alarmante”.
“A ver si piensan que esto se puede vigilar solo”
Con el tiempo jugando en contra, los trabajadores se preguntaban ayer cómo se gestionará la seguridad privada del CETI el día 9 si el conflicto no entra en vías de solución. “A ver si piensan que el centro y el colectivo de inmigrantes se pueden vigilar solos”, advertía UGT. Desde el sindicato se recordaba también que hay sentencias del Tribunal Supremo que incluso han llegado a anular los servicios mínimos en el sector de la vigilancia privada.
