El Pleno de la Asamblea aprobó en la jornada de ayer el Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones de Melilla. El texto salió adelante con los votos del Grupo Popular, mientras que cepemistas y socialistas optaron por abstener. Populares en Libertad (PPL) se pronunció en contra de esta iniciativa. Dando luz verde a este documento, la Ciudad Autónoma ya cuenta con lo que coloquialmente se ha calificado como “la ITV para inmuebles”.
Todos los grupos de la oposición expresaron en la jornada de ayer sus dudas sobre la forma que ha tomado este plan. Los diputados de CpM, PSOE y PPL coincidieron al manifestar su “preocupación” por la norma incluida en la que se refleja que los propietarios de los edificios con una antigüedad superior a los 50 años podrían sufrir la expropiación del mismo si no se alcanza un acuerdo con la administración local para su rehabilitación. En este terreno, el Gobierno local aseguró que el reglamento no introduce novedad alguna en este campo.
La “preocupación” de CpM
Comenzó abriendo el turno de intervenciones el cepemista Hassan Mohatar, quien se centró en aspectos como el mencionado de las expropiaciones o el hecho de que en Melilla existan edificios antiguos que no han sido remozados pese a las ayudas públicas ofrecidas tanto por el Gobierno local como por el central. En este punto, recordó que en 2012 sobraron unos 400.000 euros en subvenciones para el arreglo de edificios.
Reproches del PSOE
Por su parte, el socialista Dionisio Muñoz recordó que su grupo lleva demandando la redacción de este documento desde hace meses y que finalmente se llevó a la mesa de la Asamblea con un año de retraso. El diputado del Grupo Socialista afirmó que pretendía darle un voto de confianza al Ejecutivo autonómico en este asunto, aunque no dudó en dar un tirón de orejas al Grupo Popular por la tardanza en redactar el reglamento. “Debería haber estado a tiempo antes. Melilla es una ciudad que quiere atraer turismo y necesita que su patrimonio arquitectónico ofrezca buen aspecto. Ese motivo ya era suficiente para haber aprobado hace un año este texto. Más importante aún es la seguridad de los que viven en inmuebles antiguos, ya que el plan servirá para anticiparse y prever su necesaria renovación”, aseveró Muñoz.
El portavoz de PPL, Julio Liarte, expresó su desacuerdo con el apartado del reglamento que indica que los informes de inspección técnica deben llevar aparejado un presupuesto para los arreglos. “Es algo contraproducente. Se dará una situación parecida a la de la ITV de vehículos. Los propietarios acudirán a aquellos técnicos de la Ciudad Autónoma que les hagan una planificación económica más barata”, aseguró. Por otro lado, preguntó a la bancada popular si la aprobación de este documento conllevará la aportación medios materiales y humanos.
El consejero de Fomento y vicepresidente del Ejecutivo, Miguel Marín, fue el encargado de responder a la oposición y defender el reglamento. En primer lugar, recordó que se trata de un documento “necesario” para agrupar en una única norma aspectos como la conservación y mejora de los edificios, su situación de ruina y la inspección técnica de los mismos. “Permitirá crear una base para la concesión de ayudas públicas y la catalogación de deficiencias en inmuebles” aseveró.
Marín calmó a la oposición asegurando que el reglamento no introducía novedad alguna en materia de expropiaciones. En lo tocante a las críticas de Mohatar sobre las ayudas a la rehabilitación de viviendas, señaló que la administración local hace todos los esfuerzos posibles para agotar esta partida y subrayó que hay subvenciones tanto de la Ciudad Autónoma como del Ejecutivo central.
Al portavoz de PPL le contestó que, en vista de sus declaraciones, “no confiaba en el trabajo de los técnicos de la Ciudad”. En este terreno, aseguró que todos los informes serán “asépticos y objetivos” habida cuenta de la profesionalidad de los encargados de desarrollar esta tarea. Asimismo, afirmó que la puesta en marcha del reglamento conllevará algún tipo de inversión y que el Gobierno local “maximizará sus recursos económicos”.
