PSOE y CpM coincidieron en pedir un informe jurídico sobre el cambio de la empresa recaudadora.
La primera interpelación socialista en el pleno de control de ayer llevó a la Asamblea el llamado ‘caso Tribugest’. Su portavoz, Dionisio Muñoz, insistió en pedir un informe jurídico para analizar la legalidad del cambio de titularidad del contrato de la recaudación de los tributos de la Administración local, que pasó de Tribugest y Getyr. Pero la respuesta del portavoz del Gobierno y consejero de Economía, Daniel Conesa, terminó con su denuncia sobre la “desaparición y reaparición” de documentos incluidos en el expediente de tribugest “después de la visita de un diputado de la oposición”, aunque no desveló su identidad ni el partido al que pertenece.
Lo que sí explicó en el pleno es que se abrió una información reservada sobre este suceso, de cuyas conclusiones se han trasladado a la Mesa de la Asamblea. Conesa explicó a El Faro que ahora será este órgano el que tenga que estudiar el asunto y “decidir si procede exigir responsabilidades administrativas o judiciales o las dos”. Cabe destacar que ningún miembro de la oposición se pronunció al respecto de esta denuncia a lo largo de la sesión de control.
En su intervención, el portavoz socialista insistió en que Tribugest incumplió el pliego de condiciones del contrato para la recaudación de impuestos y la Ley de contratos públicos, cuyo concurso de adjudicación “ya fue polémico en su día”. Muñoz insistió en que el Gobierno de la Ciudad ha “autorizado y silenciado un fraude al pueblo de Melilla” y que ha provocado perjuicios a muchos ciudadanos. Como ejemplo, el socialista explicó el caso del dirigente de UPyD Melilla, Emilio Folgar, quien recientemente recibió “un embargo de un negocio que se había cerrado hace diez años”.
Acorde a la ley
Muñoz no se explica cómo se ha podido autorizar a “una empresita”, Getyr, la gestión de la recaudación sin realizar un informe jurídico previo y el por qué de la negativa del Ejecutivo local a encargarlo en estos momentos.
Conesa alegó que ese informe lo realizó el interventor, hecho que no convenció al socialista, pues considera que debe ser un abogado el que debe hacer este trabajo. El portavoz popular explicó que en el expediente queda constancia de que el cambio de titularidad de la empresa, se debe a una subrogación, “una escisión parcial de una rama de actividad empresarial”. Esta fórmula está recogida en el artículo 112.6 de la ley de contratos públicos y en el caso de Tribugest esta operación está inscrita en el Registro Mercantil, por tanto, legalizada.
Igualmente, Conesa rechazó las acusaciones del diputado socialista en las que les acusaba de “ocultar” este expediente. Éste “ha estado accesible los últimos cuatro años y lo pide ahora, ¿por qué no lo pidió antes?”, preguntó el portavoz popular.
El PP rechaza la propuesta de CpM de rescindir el contrato con Getyr
El portavoz del Grupo Cepemista, Mustafa Aberchán, también preguntó en el pleno de control de ayer sobre el caso Tribugest y propuso la rescisión del contrato que une a la Ciudad con esta empresa, no solamente por “la crispación mediática” suscitada sino también para buscar un servicio de recaudación más económico para las arcas municipales. El portavoz del PP, Daniel Conesa, rechazó esta propuesta por los daños y perjuicios que podría reclamar la empresa, además del “quebranto” que supondría para el patrimonio de la Administración local. Conesa también rebatió el hecho de que este contrato sea caro o no para las cuentas públicas. Aseguró que el coste total de la recaudación no sobrepasa los tres millones de euros, mientras que en Ceuta el coste supera los 4,7 millones.
