Los niños eran introducidos en España con papeles falsos, simulando que eran hijos biológicos.
El robo de bebés ha dejado de ser un caso puntual en la historia negra de España. La Guardia Civil de Melilla acaba de destapar una red de compra-venta que traficó con al menos 28 recién nacidos procedentes de Marruecos.
Los detalles de la ‘Operación Oculta’, que se investiga desde hace más de un año, se conocerán hoy cuando el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, el teniente coronel de la Comandancia de Melilla, Ambrosio Martín, y el comandante jefe de Operaciones, Arturo Ortega, expliquen los entresijos del tráfico de niños que tuvo lugar, al parecer, a través de Melilla, en los años 70 y 80.
De momento se sabe que los bebés, aún lactantes, eran introducidos en España con documentación falsa, aparentando que eran hijos biológicos de las personas que los compraban.
En principio, según aclaró ayer la Delegación del Gobierno, no hay ningún detenido, lo que no quiere decir que no hayan imputados en la ‘Operación Oculta’.
Hace casi cuarenta años
Otras fuentes apuntan a que algunos de los implicados en el caso de la compra-venta de los 28 bebés marroquíes a padres, sobre todo, de la Comunidad Valenciana, ya habrían fallecido.
También aseguran que la Guardia Civil de Melilla habría tomado declaración a algunas de las personas que entre los años setenta y ochenta fueron vendidas, siendo bebés y a los que ellos hasta ahora creían que eran sus padres biológicos.
Hay que tener en cuenta que han pasado cerca de cuarenta años desde que se realizaron las presuntas operaciones de compra-venta de los 28 niños marroquíes en territorio español. Eso querría decir que los menores implicados en la trama habrían sobrepasado ya la barrera de los treinta años.
El caso del tráfico de estos 28 niños robados en Marruecos y su posterior venta en España se destapa justo cuando en nuestro país se ha registrado una ola de denuncias de presuntos robos de bebés.
Más de un millar de familias españolas han denunciado ante los tribunales haber sido víctimas del contrabando de niños, una práctica que se frenó con la aprobación de la Ley de Adopción de 1987.
El caso del robo de bebés en clínicas madrileñas se personalizó el año pasado en la figura de la monja sor María, la única imputada en España por estos hechos.
La religiosa María Gómez Valbuena falleció en enero pasado, a los 87 años, en el convento de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Estaba acusada de detención ilegal y falsedad en documento público en el año 1981 y 1982.
Sor María no llegó a declarar por el presunto robo de al menos tres niñas porque su abogado pidió el aplazamiento del juicio por los problemas de salud que presentaba la religiosa.
La Asociación SOS Bebés Robados lamentó en su momento que Sor María hubiera muerto sin haber esclarecido lo ocurrido antes de que en España se aprobara la ley de adopción de niños.
Hay que recordar que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras la muerte de sor María, se comprometió con las familias de los bebés robados a ponerse a disposición de su causa porque le parecía “justa” y “humana”.
En aquel momento el ministro del Interior dijo que había tenido una reunión en el Ministerio de Justicia con los representantes de las víctimas del contrabando de bebés en la que expresó su compromiso con las familias que denunciaron los robos de niños.
Marruecos sella 254 ‘kafalas’ de niños en 2011
Rabat registró en 2011 un total de 254 adopciones o ‘kafalas’ de niños marroquíes, sobre todo, a padres españoles. La ‘kafala’ es una figura jurídica utilizada por el país vecino para exigir que los niños adoptados mantengan la nacionalidad marroquí y la confesión musulmana.
Hay que recordar que el partido de Rosa Díez criticó recientemente cualquier cambio que se haga en la ley de adopción para satisfacer a Marruecos. UPyD duda de que las exigencias de la ‘kafala’ sean compatibles con la Constitución española.
Según los datos que manejaba Unión, Progreso y Democracia, a primeros de este año había 58 familias españolas con huérfanos marroquíes asignados desde 2012, que no podían sacar a los menores de Marruecos.
Según UPyD, las exigencias del reino alauí para conceder la tutela dativa de niños marroquíes a ciudadanos españoles se han acrecentado en los últimos tiempos.
