La plataforma que agrupa a los principales sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil de Melilla (UFP, CEP, SUP y AUGC) apuntó ayer en nota de prensa que la entrada de inmigrantes del pasado jueves por la noche pudo ser coordinada desde Melilla y que acudirán a la Justicia si se demuestran que alguien ayudó a los subsaharianos. Estas formaciones se preguntan, en nota de prensa, cómo era posible que el salto se produjera durante el cambio de guardia y afirmaron que cuando tuvo lugar la entrada “ya había cámaras de televisión en la frontera grabándolo todo”.
También les llamó la atención que buena parte de los inmigrantes se dirigiera a casa de Mustafa Aberchán. “Huyeron hacia el mismo domicilio sin ningún tipo de error, cuando en otras ocasiones lo que hacen es dispersarse por la ciudad. ¿Acaso les guiaba algún GPS?”, se cuestionan.
Además, consideran sospechoso que los miembros de distintas ONGs de Melilla acudieran al domicilio del líder cepemista en torno a las 23:00 horas, así como que los subsaharianos se negaran a entrar en los furgones policiales para su traslado.
“Desde nuestras organizaciones tenemos respuesta a estas preguntas. Lo que nos gustaría saber es quién se lucra con las desgracias de esta pobre gente. Sabemos de primera mano que en ningún momento fueron agredidas por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, subrayaron. “Sí nos consta que algunos funcionarios fueron atacados por los inmigrantes, por lo que se puede deducir que algunos políticos mienten de forma descarada y sin pretexto”, apuntillaron en clara referencia a Mustafa Aberchán.
Corrección del tuit
En la misma línea, exigieron la inmediata corrección de las declaraciones en las que el líder de CpM tachaba de “salvajes agresiones” las intervenciones de los agentes contra los inmigrantes. Mustafa Aberchán se expresó así la misma noche de los sucesos vía Twitter, pero por la mañana el mencionado tuit había desaparecido de su perfil.
Además, le plantearon al Ministerio Fiscal y al Ministerio del Interior que el primero abra diligencias de oficio y el segundo se persone en defensa del honor de los funcionarios. También se reservaron el derecho de acudir a los tribunales si se deduce que alguien vulneró el artículo 318 del Código Penal, que indica que “el que promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a otro país de la Unión Europea (UE), será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión”.
