El coordinador territorial de UPyD en Melilla, Emilio Guerra, informó ayer que su formación política en el Congreso exigirá al ministro de Defensa, Pedro Morenés, explicaciones por el arresto, con privación de libertad en centro disciplinario militar, del subteniente y presidente de la Asociación Unificada de Militares Española (AUME), Jorge Bravo.
Guerra calificó esta decisión como una “clara persecución que viola todos los principios” contra Bravo, cuya “infracción grave” fue manifestar públicamente que “existen infinidad de gastos superfluos en el Ejército que se podrían recortar antes de suprimir la paga extra de los funcionarios”. Algo que a juicio del líder local de UPyD “no merece un mes y un día de privación de libertad”, salvo que “algunos piensen que vivimos en el siglo pasado o tengan mucha nostalgia de los viejos tiempos”, subrayó.
La responsable de llevar esta cuestión a la Cámara Baja es la diputada upedista Irene Lozano, quien afirma que Bravo es un “preso de conciencia en pleno año 2013”, ya que ese concepto es aplicable a “cualquier persona a la que se impide físicamente, por prisión u otras causas, expresar en cualquier forma de palabras o símbolos cualquier opinión que mantiene honestamente y que no defiende ni justifica la violencia personal”.
Para Guerra, el asociacionismo militar, “lleva muchos años peleando por los derechos de los profesionales de las Fuerzas Armadas en un ambiente francamente hostil por parte de la administración y de los gobiernos PP-PSOE de turno”. Según el upedista, la Constitución Española de 1978, consideró a los militares “ciudadanos de tercera” y después de 35 años, “siguen privados de muchos de sus derechos fundamentales”.
