Se muestra “sorprendido” por la decisión del juez y apunta que algo así “requiere muchísima reflexión”. El presidente del Gobierno melillense, Juan José Imbroda, se mostró ayer “muy sorprendido” por la imputación de la infanta Cristina en el Caso Nóos tras haber considerado al juez José Castro que existen indicios de complicidad en los presuntos delitos cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin y el socio de éste, Diego Torres. En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, Imbroda subrayó que la decisión le parecía “algo desproporcionada”.
“Vaya por delante que nos encontramos en un Estado de Derecho y que estamos sometidos a sus leyes, son iguales para todos”, afirmó. “No soy el juez que lleva el caso ni tengo conocimiento de todos los elementos de los que éste dispone para tomar esta decisión, pero en principio la veo algo desproporcionada”, aseveró. Asimismo, destacó que la determinación del juez José Castro “debe ser acatada y respetada”.
Una “carga” sobre España
El máximo dirigente del Ejecutivo autonómico reiteró que la imputación de la infanta Cristina, séptima en la línea de sucesión de la Corona española, le resultaba sorprendente y consideró que “a lo mejor se debería haber releído mejor toda la documentación disponible sobre el caso” antes de haberla acusado.
Hay que recordar que el juez, en el último auto sobre este asunto, apuntó que la cesión por parte de Cristina de Borbón de su imagen para conseguir contratos públicos fue “clave para el éxito del Instituto Nóos”, así como que no haberla citado a declarar en calidad de imputada habría supuesto “un cierre en falso” para el caso.
“Me parece a mí que imputar a una infanta requiere de mucha reflexión y pruebas”, insistió el presidente Imbroda. Además, puntualizó que la acusación judicial “no supone condena alguna”, sino que le da a Cristina de Borbón la oportunidad de defenderse ante la Justicia. “En los últimos tiempos, la opinión pública ha asumido que imputación y condena son sinónimos, pero no es así”, agregó.
Por otro lado, afirmó que el efecto que tiene la decisión del juez Torres va más allá de la Casa Real y supone “una carga para España” a nivel de imagen. “No sé si es bueno o malo para el país. Tal vez pueda ser un mensaje para aquellos países totalitarios, a los que todavía no ha llegado la democracia, de que en España la ley se cumple hasta las últimas consecuencias”, señaló.
Por último, destacó que “espera y desea” que detrás de la imputación a la infanta “no haya nada” y que todo quede aclarado tras su declaración ante el juez, que se producirá el próximo 27 de abril.
