Los extorsionados denuncian que desde la Comisión Europea se les invita a esclarecer los hechos, pero nadie quiere reunirse con ellos.
La Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos sospecha que la Unión Europea está intentando silenciar las extorsiones a que son sometidos empresarios españoles en el reino alauí. “Desde la Comisión Europea se nos invita a esclarecer los hechos, pero por otro lado nadie quiere reunirse con nosotros para conocer de primera mano las extorsiones y expropiaciones maquilladas que están sufriendo intereses empresariales españoles en Marruecos”, asegura a El Faro Francisco de Arratia, presidente de la asociación.
Asimismo, señala que la Embajada de la Unión Europea en Rabat, en relación a los sucesos acontecidos en Marruecos responde a los afectados por la extorsión que no es competencia de la Unión Europea entrar en estos asuntos, mientras que el comisario de Comercio de la UE, Karel de Gucht, dice lo contrario y el comisario Stefän Füle sugiere una reunión al respecto, a través de un escrito enviado a la eurodiputada Izaskun Bilbao.
De Gucht dice textualmente en una respuesta a la que ha tenido acceso El Faro que “la Comisión (Europea) está al corriente de algunos casos de extorsión entre particulares en Marruecos, pero desconoce que haya habido casos en los que estén implicadas las autoridades públicas” de ese país.
Asimismo, asegura que este organismo de la UE “está dispuesto a atender los problemas concretos a los que se enfrentan las empresas europeas en terceros países” y recuerda que “las relaciones de la UE con Marruecos se rigen por el Acuerdo de Asociación que entró en vigor en 2000, así como por el Plan de Acción, que establece un conjunto global de prioridades. Este Plan respalda el objetivo marroquí de poner sus estructuras económicas y sociales más en consonancia con las de la UE. La profundización de las relaciones con Marruecos debe entenderse como un medio más para mejorar el clima empresarial en este país respecto a la UE y luchar contra cualquier práctica ajena a la legalidad”.
Sin embargo, el pasado 12 de este mes, la Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos recibió una carta remitada por la responsable de la oficina de la Unión Europea en Marruecos, Camelia Suica, en la que asegura, según el documento al que ha tenido acceso El Faro, que de la lectura de las informaciones que les han remitido pueden concluir “que Marruecos no ha vulnerado ninguna cláusula del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos”, por lo que considera que “una reunión sobre este asunto no nos parece oportuna ya que la Unión Europea no tiene competencia para actuar en este asunto”.
Esta respuesta contrasta con la que recibió la eurodiputada Izaskun Bilbao el pasado 26 de noviembre, de parte del comisario europeo Stefan Füle. En la misiva, a la que también ha tenido acceso este periódico, el miembro de la Comisión Europea asegura en inglés, que contactará con el departamento de Asuntos Exteriores de la UE (European External Action Service), particularmente con el que lleva las relaciones con el Magreb, para que contacte con la Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos y acuerden una fecha para tener una reunión.
Como publicó El Faro a primeros de este mes, la asociación presidida por Francisco de Arratia acusa a la responsable española de la Dirección General de Comercio Exterior y Relaciones con los Países Mediterráneos y del Mediano Oriente en la UE, Sofía Muñoz, de torpedear esta reunión concedida por la UE.
Un “atropello” a constructoras, sobre todo catalanas y andaluzas
La Asociación de Afectados por la Extorsión en Marruecos (AAEM) denunció el año pasado ante del Parlamento Europeo “los numerosos casos de atropellos” de intereses españoles en el país vecino. La denuncia, según explicó a El Faro el presidente de la asociación, Francisco de Arratia, recogía el testimonio de empresas, sobre todo andaluzas y catalanas del sector de la construcción, que “fueron agredidas y desposeídas de sus bienes por el grupo marroquí Douja Prom Addoha” que, según esta asociación, está participada por el Gobierno de Marruecos.
La AAEM pidió en enero pasado a la Eurocámara que clarificara lo ocurrido. Se refiere a casos como los de “un constructor español que levantó una fase de apartamentos de alto ‘standing’ en Tánger y llegó la Gobernación Civil, le dijo que las normas urbanísticas habían cambiado y le tiró la urbanización sin indemnizarle, pese a que muchos pisos ya estaban vendidos”.
O al de “otro empresario que puso un aval para hacer una obra con el Colegio de Abogados de Rabat y luego le dijeron que la obra no se haría y que no podían devolverle el aval porque no había dinero”. Incluso “un caso de una empresa de pesca con dueños españoles, rusos y franceses a la que le pusieron un gerente judicial que se quedó con la empresa”.
AAEM acusa a Inmolog, perteneciente al Grupo Douja Prom Addoha, de estar detrás de las extorsiones a empresarios españoles. Según el presidente de AAEM esta compañía está participada a partes iaguales por el Grupo Douja y por el Estado marroquí.
Margallo pide protección a la UE
El pasado día 11, el ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, recordó a la Unión Europea la obligación de Europa de proteger “con medidas concretas” a las empresas nacionales en aquellos países en los que ha habido expropiaciones no compensadas como ha ocurrido en Bolivia y Argentina.
García-Margallo se reunió en Bruselas con el comisario de Comercio, Karel de Gucht, a quien expuso “la necesidad de que la política de protección de las inversiones europeas en el exterior” se dote de “mecanismos suficientes para hacer frente a discriminaciones.
