El informe valora el esfuerzo del Gobierno pero dice que no se respetó la legislación vigente.
El pasado 3 de septiembre llegaban a Isla de Tierra (en el archipiélago de Alhucemas) un total de 83 inmigrantes de origen subsaharianos, de los que dos días después 73 fueron entregados a Marruecos por nuestro país. La decisión suscitó polémica en casi todos los ámbitos sociales y políticos y varias ONG elevaron sus quejas al Defensor del Pueblo. Así, en el informe anual publicado ayer por la institución se afirma que “no se puede compartir que las actuaciones llevadas a cabo se adecuaran al ordenamiento jurídico vigente”. Así, en el documento se apunta que aunque la institución es consciente de las dificultades que conlleva el control de los flujos migratorios, especialmente enclaves como Isla de Tierra, cercana a Marruecos, inhabitada y carente de infraestructuras para la acogida de personas, no se puede compartir que se lleve una actuación distinta a la que se hubiera hecho si estos ciudadanos extranjeros se interceptan en cualquier otro punto de España. El Defensor el Pueblo indica en su informe que recordaron a la Secretaria de Estado de Seguridad que cuando se intercepta a un extranjero cuyo propósito es entrar de manera irregular en nuestro país, éste es puesto a disposición de la Policía Nacional, para que se abra el expediente de devolución pertinente, en cumplimiento de la legislación vigente. Además, apuntan que es necesario que en el acuerdo que negocia la Comisión Europea desde el 2005 para que Marruecos readmita a sus nacionales y a inmigrantes de terceros países, que se salvaguarden los derechos humanos de estas personas. A pesar de ello, el Defensor del Pueblo destaca en su informe que en todo momento estuvo informado de las actuaciones que se realizaron con los inmigrantes de Isla de Tierra y que son conscientes de los esfuerzos realizados por la Secretaría del Estado de Seguridad para garantizar el respeto de los derechos humanos de estas personas mientras permanecieron en territorio nacional. Asimismo, también resalta las reiteradas gestiones diplomáticas que se realizaron entre el Gobierno español y el marroquí para tratar de encontrar la mejorsolución. Por otra parte, y respecto a uno de los puntos de las quejas de las ONG en las que se mencionaba la posibilidad de que un inmigrante falleciera en Isla de Tierra, el informe del Defensor del Pueblo señala que tras las investigaciones realizadas no tienen constancia de que hubiera ninguna muerte.
