El juez decano, Emilio Lamo de Espinosa, asegura que la movilización ha sido un éxito tanto en el ámbito local como nacional contra las reformas de Ruiz Gallardón. Seis de los diez jueces de Melilla secundaron ayer la jornada de huelga convocada, que supone un 60% de seguimiento en la ciudad autónoma, algo por debajo de la media nacional que se estableció en más del 71%. Según informó el juez decano de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, el seguimiento de la huelga de ayer fue superior a la registrada en 2009, pues de 3.500 jueces que conforman la planta judicial española, secundaron el paro 2.500. Lamo de Espinosa, en declaraciones a El Faro, se mostró satisfecho del resultado de la convocatoria de protesta contra las reformas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aunque en el caso de Melilla “me hubiera gustado que hubieran sido más”, los magistrados que se sumaran a la huelga. Igualmente, explicó que los magistrados de la Sección 7º de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla no secundaron la huelga.
Los servicios mínimos funcionaron con total normalidad, esto es, en el Registro Civil, el Juzgado de Guardia y aquellos procesos judiciales con medidas cautelares o de internamiento y los de carácter urgente.
Fiscales y abogados se sumaron ayer también a la protesta, tal y como anunciaron esta semana. El colectivo judicial reclama un incremento de la inversión pública en Justicia para que los jueces y fiscales dispongan de los medios materiales y personales suficientes para poder desempeñar sus funciones de acuerdo con las elevadas atribuciones constitucionales que tienen asignadas y poder prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus derechos fundamentales. Lamo de Espinosa señaló que la inversión en Justicia en España no alcanza el 1% del PIB, mientras que la media europea está entre el 3% y el 4%.
Otro de los reclamos del colectivo es la paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano constitucional llamado a garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia. La derogación de la Ley Orgánica 8/2012, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, y dotación inmediata de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos, hasta que se incremente la planta judicial y fiscal.
La reforma de la Ley del Indulto, porque en la actualidad incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas.
Por último, los jueces solicitan la moderación de las tasas judiciales impuestas por el Ministerio, si bien el colectivo de abogados solicita la retirada total de la Ley de Tasas Judiciales.
