La polémica Ley de Tasas Judiciales se ha dejado notar en Melilla, pues han bajado notablemente las apelaciones.
El colectivo judicial de Melilla secundará mañana las movilizaciones de huelga convocadas a nivel nacional en protesta con la política que está siguiendo el Ministerio de Justicia y la falta de disposición al diálogo de su titular, Alberto Ruiz Gallardón. Las Torres del V Centenario será nuevamente el escenario de la protesta, que se centra principalmente en la polémica Ley de Tasas Judiciales. Según informó el juez decano de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, la entrada en vigor de la nueva legislación ha frenado notablemente los recursos de apelación por la vía civil, ya que la tasa que le corresponde, supone el abono de 800 euros, por una parte, y otros 50 en concepto de depósito.
Por su parte, el colectivo de abogados de Melilla anunció ayer que se sumará a la movilización judicial del 20 de febrero, con el mismo espíritu, en protesta contra “un modelo de Justicia impuesto y no negociado, contra la privatización del servicio público de la justicia y el Registro Civil, contra la Ley de Tasas y contra otras medidas improvisadas y oportunistas que están provocando el desbaratamiento de la Justicia”, afirmaron en el manifiesto de la plataforma ‘Justicia para todos’.
Lamo de Espinosa vio con buenos ojos la intención de Ruiz Gallardón de moderar algunas de las tasas, tras su reunión con la defensora del Pueblo, pero para el juez decano este viraje del ministro responde únicamente a su intención de evitar el anunciado recurso de inconstitucionalidad. En este sentido, los abogados lamentaron la actitud de Ruiz Gallardón pues “ha aceptado en horas lo que ha rechazado durante meses, negándose a dialogar con todos los colectivos jurídicos y sociales e ignorando el clamor popular que suponen las 350.000 firmas presentadas por los ciudadanos contra la Ley de Tasas”.
Meses de intentos frustrados de negociación con el Ministerio
Una de las principales reivindicaciones de los jueces es el incremento de la inversión pública en Justicia para que haya suficientes medios materiales y humanos. También reclaman la paralización inmediata del proyecto de ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, la dotación inmediata de presupuesto para jueces y fiscales sustitutos y la reforma de la Ley del Indulto. El colectivo lamentó ayer que desde el Ministerio no se hayan abierto espacios de diálogo para negociar y que, hasta la fecha, no hayan obtenido respuesta a la petición de una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
