El colectivo asegura que la sentencia obliga a la Consejería a “depurar irregularidades” cometidas en el año 2005, como favoritismos a “ciertos promotores de viviendas”.
El Colegio de Arquitectos de Melilla anunció ayer que la Justicia les ha dado la razón en el contencioso administrativo que presentaron contra la Consejería de Fomento en el año 2005 por presuntas irregularidades. En la demanda se denunciaban hechos “muy graves”, como que “a determinados promotores de costosas urbanizaciones se les eximió de hacer las cesiones obligatorias que marca la Ley, escondiéndolas en un sistema de concesiones chapucero”. Según informaron desde el Colegio de Arquitectos, la sentencia obliga “a depurar las irregularidades denunciadas”.
“Los primeros afectados en el caso de las constructoras de promociones fueron los compradores de viviendas, que fueron burlados por la administración, así como todos los melillenses que se quedaron sin su equipamiento de barrio. Todo ello con el único fin de favorecer a unos determinados promotores que se han beneficiado ilegalmente. Habría que preguntarse a cambio de qué la administración lo permitió”, señalaron desde el Colegio de Arquitectos.
Además, apuntaron que hay otras denuncias presentadas sobre construcciones en zonas verdes que han impedido realizar los parques que estaban previstos en la ley. “Para el Colegio de Arquitectos pocas cosas pueden ser peores en urbanismo. El primer culpable de estas chapuzas es el responsable de la Consejería de Fomento junto con su Director General, dos cargos políticos que tenían conocimiento por escrito de tales hechos, y los metieron en un cajón”, aseveraron.
Asimismo, señalaron que el anuncio realizado por el Gobierno local el pasado viernes sobre la desestimación del recurso presentado por diversos miembros del Colegio contra la contratación de un profesional de este colectivo laboral por parte de la Ciudad Autónoma en el año 2010, “no tenía otra pretensión que tratar de tapar o distraer a la ciudadanía del tsunami que puede provocar la sentencia a la que nos referimos”.
El consejero de Fomento, Miguel Marín, aseguró ayer a los medios de comunicación que no existía “ninguna sentencia en la que se condene a la Ciudad Autónoma”, como señalaron ayer desde el Colegio de Arquitectos, sino “una resolución en la que se nos insta a comprobar, a nivel administrativo, los hechos denunciados por esta institución”.
“La sentencia no dice si lo que ha hecho la Ciudad Autónoma está bien o mal. No hay condena alguna, se nos pide que hagamos una comprobación”, insistió el consejero de Fomento.
Al hilo de su intervención, anunció que presentará una querella contra Benito Perelló, secretario del Colegio de Arquitectos y miembro de Populares en Libertad (PPL) por “haber acusado al Gobierno y a los trabajadores de la administración local de cometer irregularidades”. Hay que aclarar que dichas declaraciones las realizó como dirigente de PPL.
