Las dos ciudades obtienen un 2,1 de nota en un informe del Observatorio de la Dependencia, en el que se afirma que es “insuficiente” la financiación para estas ayudas.
Melilla y Ceuta son dos de las regiones que obtienen suspenso, en concreto un 2,1, en la atención a personas dependientes, según el Observatorio de la Dependencia. Asegura que la atención que prestan las comunidades autónomas a estos ciudadanos no podrá mantenerse a causa de los recortes en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Gobierno central.
En su décimo dictamen, el observatorio analiza los últimos seis meses de aplicación de la Ley y califica de “especialmente preocupantes” aspectos como la financiación “insuficiente” del sistema “territorialmente injusto”, el sobredimensionamiento de la prestación a cuidadores familiares y el limbo de la dependencia.
Sólo se cubre un 21,4%
“Las comunidades autónomas, desde la deslealtad institucional que está haciendo el Gobierno con los recortes en dependencia, no pueden mantener si quiera la atención que están dando actualmente”, aseguró el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, que explicó este documento.
Ramírez señaló que el Estado ha pasado de cubrir el 39,2% de las facturas de los servicios en 2009 al 21,4% en 2012, y, que en 2013 bajará de este porcentaje por “el recorte de 200 millones de euros” que llevará a cabo el Ejecutivo en el SAAD.
Según sus datos, 770.949 personas figuraban como beneficiarias del sistema, pero aún 230.203 tenían reconocido el derecho a recibir las ayudas y no las habían recibido (el 23% del total).
Para el observatorio, esta cifra representa un descenso respecto a periodos anteriores. Supone “un espejismo estadístico” por las bajas resultantes de la modificación del calendario de la Ley, que retrasa el derecho de ser atendidos a los dependientes moderados hasta 2015, además de los fallecimientos que durante la espera se han producido.
En cuanto al plazo medio desde que el dependiente entrega la solicitud de ayudas de la ley hasta que recibe el servicio se sitúa entorno a los 15 meses (tres para la valoración y doce para el acceso al servicio). El observatorio aclara que hay expedientes que pueden superar esos plazos, por lo que “no es extraño” que se produzcan fallecimientos en ese periodo.
El observatorio indicó que el Consejo Territorial acordó en su día que la espera se acortase a los seis meses, que sería el límite legalmente admisible, por lo que resulta “evidente” que los plazos se incumplen en muchos expedientes.
También subrayó el informe que en los últimos meses se ha producido una “revisión brutal” adjudicando grados por debajo del obtenido a personas dependientes en su día con grados superiores.
Además, criticó el uso “perverso” que, a su juicio, hace el Gobierno del informe del Tribunal de Cuentas sobre el SAAD, con datos desde 2007 hasta 2011, que indica que 29.169 fallecidos constaban como beneficiarios.
La nota media de todas las regiones baja al 4,72
En cuanto a la valoración de las comunidades autónomas, tres de ellas destacan “de manera notable” en cuanto al desarrollo del SAAD y es Castilla y León, una vez más, la que con una puntuación de 9,2 se sitúa la primera de la lista, seguida de País Vasco, con 7,5 y de Andalucía, con un 7,1.
La mitad de las autonomías suspende y baja la puntuación respecto a dictámenes anteriores y son la Comunidad Valenciana (0,8), Canarias (2,1), Melilla y Ceuta (2,1) y Baleares (2,5) las que se “empecinan” en no aplicar las prestaciones y servicios que la ley contempla. Destaca el descenso de alguna comunidad como es el caso de Aragón (3,8), que por primera vez suspende, así como el “retroceso” de Castilla-La Mancha que en los dos últimos dictámenes ha pasado del sobresaliente al aprobado (5,8). Pasan del cinco, por primera vez, Navarra (5,4) y Galicia (5,8).
En general, el observatorio constata una tendencia “muy negativa” en la implantación de la Ley y la puntuación de media ha descendido con respecto al anterior semestre de 2012 al pasar de 4,88 a 4,72.
Ramírez insistió en el potencial del sistema de dependencia como generador de empleo puesto que por cada millón de euros que se invierte se generan alrededor de 30 puestos de trabajo.
