El Congreso aprobará los PGE de 2013 y el Gobierno dice que son “los últimos de la crisis”. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 superaron ayer el trámite del Senado con la incorporación de 89 enmiendas –entre las que se incluyen las tres de Melilla– de entre las 2.850 presentadas, con lo que ahora volverán al Congreso para su aprobación definitiva antes de fin de año.
Estos presupuestos son, según el Gobierno, los últimos de la crisis, y por tanto, deben servir para “sentar las bases” de un modelo sostenible y que cumpla con los requisitos de reducción de déficit pactados con Bruselas, lo que vuelve a ser la “prioridad absoluta”. Para el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que defendió el proyecto el pasado lunes, “si no reducimos conforme a la senda que nos hemos marcado, lo que hacemos es perjudicar las posibilidades de la financiación necesaria para salir cuanto antes de la crisis económica”.
A su paso por el Senado, el proyecto de presupuestos ha superado ocho vetos y ha incorporado 83 enmiendas del PP en el trámite de comisión. Entre ellas destaca la dotación de 23.000 millones de euros con carácter de crédito ampliable para el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 2013.
Otra de las modificaciones detalla que las cuentas públicas financiarán el sistema eléctrico fijando como límite la recaudación anual obtenida de los impuestos del proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que todavía está en trámite parlamentario.
En el pleno que comenzó el lunes pasado y que ha terminado hoy, tras largas sesiones prolongadas hasta la madrugada, se han introducido cinco enmiendas transaccionales firmadas por todos los grupos parlamentarios. Entre ellas la que implica que las energías renovables se financien el año próximo a través de los ingresos que se obtengan mediante los nuevos impuestos energéticos y con las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Se aplicarán beneficios fiscales a la celebración del Año Santo Jubilar Mariano; se declaran de interés general obras en Aragón y Navarra y se resuelve un problema competencial en relación con derechos sindicales en la función pública.
