Los trabajadores en la Justicia se unen por primera vez en la protesta contra la Ley de Tasas. La planta judicial pide tasas moderadas y la abogacía su retirada total. Aunque con matices, ayer en la Torres del V Centenario, se citaron jueces, fiscales, procuradores y abogados en protesta contra la Ley de Tasas que ha entrado en vigor. El juez decano de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, se mostró “muy escéptico” ante la posibilidad de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, rectifique en lo relativo a esta norma y en lo que respecta al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en trámite parlamentario, a la que se oponen. Por ello, los jueces amenazan con una huelga en diciembre, tal y como se acordó en la Asamblea de Jueces Decanos.
La protesta de ayer partió de la planta judicial, que junto a otras demandas pide unas tasas “moderadas, que no limiten el acceso a la Justicia”, pues las impuestas en la nueva norma son “desproporcionadas”. Sin embargo, los abogados piden la retirada total de la Ley de Tasas y presentarán un recurso de inconstitucionalidad.
Lamo de Espinosa no cree que el ministro de Justicia dé marcha atrás, pero destacó que este hecho ha servido para que “los ciudadanos vean por primera vez a todos los trabajadores en la Justicia unidos. Creo que hoy –por ayer– es uno de los capítulos más bonitos e importantes de la historia de la Justicia en nuestro país”.
El juez decano refirió que aún no disponen de los impresos y formularios para empezar a cobrar las tasas judiciales impuestas, pues es el Ministerio de Hacienda quien debe facilitarlos. Tampoco se ha especificado el procedimiento para cobrar estas tasas y justificar su pago a la hora de presentar una demanda, por lo que, por el momento, la entrada en vigor de las tasas “es como si no se aplicaran”.
Lamo de Espinosa fue el encargado de dar lectura al manifiesto de la protesta y destacó que los juzgados en Melilla están “abandonados”. “Somos una gota en el océano, que es España. Tenemos una carga de trabajo inconmensurable y que en ocasiones no podemos hacer frente por la mala implementación de los medios técnicos”, argumentó.
Otras demandas
La planta judicial pide la retirada inmediata del proyecto de ley de reforma de la LOPJ, pues “perjudica la calidad de la Justicia y no está justificada en la situación de crisis económica que nos encontramos”. Lamo de Espinosa afirmó si el proyecto de ley no se modifica en el Senado y vuelve al Congreso para su aprobación “bajo rodillo”, irán a la huelga.
Otras de las reivindicaciones de jueces y fiscales es la potenciación de la estructura y competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal. “El CGPJ debe mantener su actual estrcutura y competencias. Rechazamos cualquier modificación que suponga una merma de su independencia e imparcialidad”, apostilló el juez decano.
Además, defienden la “autonomía presupuestaria del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado para garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial y de la autonomía del Ministerio Fiscal”. Solicitaron también la convocatoria de 250 plazaas anuales para alcanzar la media europea en jueces y fiscales, que paliará en gran medida la “sobrecarga desmedida de los órganos judiciales y fiscalías”.
Otra de las reivindicaciones de la planta judicial es la determinación definitiva de la carga de trabajo por el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, con un límite de entrada máximo adminisible y con efectos inmediatos, la optimización de los recursos, una nueva demarcación judicial con agrupación de unidades judiciales en grandes ciudades, la creación de Tribunales de Instancia y nuevas oficinas judiciales. En concreto, en Melilla, pidieron la puesta en marcha de la Oficina Judicial. Por último, el manifiesto concluye con la petición de una regulación del Estatuto Judicial y Fiscal acorde con la especialidad de la función que desempeñan jueces y fiscales y que las retribuciones económicas sean adecuadas a la responsabilidad de las funciones desempeñadas.
