Piden la retirada de la nueva Ley de Tasas Judiciales, pues atenta contra el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva. Los abogados melillenses se concentraron ayer frente a las Torres del V Centenerario para protestar contra la nueva Ley de Tasas Judiciales, que se tramita esta semana en el Senado. Piden la retirada total de esta ley al entender que limita el acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos y atenta contra el derecho, “consagrado en la Constitución” a una tutela judicial efectiva, según apuntó el decano del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda. Cerca de una treintena de letrados melillenses secundaron la convocatoria nacional de protestas, impulsada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), frente a los juzgados de Melilla. A la movilización se sumó también la Confederación Española de Abogados Jóvenes, que tiene su asociación en Melilla, cuya creación se anunció la pasada semana.
Imbroda afirmó que la ley de tasas judiciales supone “un paso atrás en los principios que inspiran el Estado de Derecho y es absolutamente injusto que siga adelante”. “El derecho a la tutela judicial efectiva está consagrado en la Constitución y no se debe ver limitado o mermado por razones económicas”, argumentó el decano. En este sentido, dijo que estas tasas provocarían “situaciones injustas con ciudadanos sin recursos económicos” que no podrían defender sus derechos. Por ejemplo, para reclamar el pago de una deuda de 1.000 euros, la tasa es de 105. En el caso de recurrir ante los tribunales cualquier actuación de la Administración, el ciudadano deberá abonar una tasa mínima de entre 200 y 350 euros, según el tipo de proceso o para recurrir una sentencia la tasa será de entre 500 y 1.200 euros, según el tipo de recurso y el orden jurisdiccional.
Por ello, defendió que las personas puedan acceder a la Justicia “sin limitación”, pues “a mayor coste, menor es la posiblidad de acceso a la justicia en igualdad de condiciones”.
Además, el decano del Colegio de Abogados de Melilla denunció que esta ley y, en el ámbito de la justicia en general, “no debe existir un afán recaudatorio” y que, en el caso de que se pretenda eliminar el exceso de trabajo en los juzgados tampoco es motivo suficiente para implantar nuevas tasas judiciales.
Por último, Imbroda consideró que “no se deben adoptar leyes de este tipo sin escuchar a la Abogacía y el resto de instituciones que defienden los derechos de las personas ante los tribunales”.
