Las bases del contrato se aprobaron ayer en Pleno con los votos a favor del PP. La oposición solicitó más tiempo para estudiar el documento, pero el Ejecutivo se negó. Calderón asegura que dará trabajo a 135 personas, quince más que ahora. El Pleno de la Asamblea aprobó en la jornada de ayer la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en dependencias municipales de la Ciudad Autónoma. Tal y como se debatió en Comisión, tendrá una cuantía económica de 7,5 millones de euros y dos años de concesión más otros dos prorrogables. La propuesta recibió los votos a favor del Grupo Popular, mientras que el PSOE se pronunció en contra y Coalición por Melilla (CpM) y Populares en Libertad (PPL) se abstuvieron.
La cuestión suscitó un intenso debate entre el Gobierno y los partidos de la oposición, quienes solicitaron más tiempo para estudiar el contrato. El primero en tomar la palabra fue el cepemista Hassan Mohatar, quien solicitó que el asunto quedara sobre la mesa para que pudiera ser examinado por su grupo con mayor detenimiento.
Según sus palabras, en la Comisión apenas dispusieron de tiempo para estudiar en profundidad todo lo referente a esta iniciativa. “Nos parece una buena idea, pero entendemos que se trata de un contrato de gran envergadura económica y aún nos quedan varias dudas por resolver”.
Por su parte, el portavoz socialista, Gregorio Escobar, subrayó que la Comisión en la que se expuso este asunto fue “un mero trámite” y, al igual que el cepemista, solicitó más tiempo para examinar al detalle las condiciones contractuales.
Por otro lado, recordó que no es la primera vez que el Ejecutivo autonómico plantea esta cuestión, ya que en junio de 2011 comenzó a tramitarse un expediente similar. Según explicó, en el actual han cambiado algunos criterios de puntuación para la adjudicación del servicio con respecto al del año pasado. Escobar criticó que el parámetro de la oferta económica haya quedado en 40 puntos cuando en el del 2011 se bonificaba con 60. En el mismo sentido, reprochó que los criterios subjetivos han pasado de 15 a 45 puntos.
“Hace un año primaba mucho más que la empresa hiciera una buena oferta económica. ¿Dónde ha quedado el principio de austeridad? El dinero que la Ciudad Autónoma se podría ahorrar con este contrato podría destinarse a cuestiones de índole social”, subrayó.
El portavoz de PPL, Julio Liarte, preguntó a la bancada del Ejecutivo melillense si con esta unificación del servicio se ahorraría algo de dinero. Asimismo, apoyó la petición de CpM de dejar el asunto sobre la mesa y criticó que se convocara una Comisión de carácter urgente para una cuestión que fue planteada por primera vez hace más de un año.
Los encargados de dar respuesta a la oposición fueron el portavoz popular y consejero de Economía, Daniel Conesa, y el consejero de Seguridad Ciudadana, Javier Calderón. El primero indicó a la bancada socialista que puntuar más los criterios subjetivos no significaba que el baremo fuera a estar exento de exámenes técnicos y juicios de valor.
Por su parte, Calderón explicó que la suma de todos los contratos de vigilancia que hay actualmente en vigor tienen un coste anual de 3,7 millones de euros, algo más barato que con la futura unificación del servicio. No obstante, recalcó que con el nuevo contrato se cubrirán más dependencias municipales y se crearán más puestos de trabajo.
“La plantilla actual es de unas 120 personas y calculamos que se contratará a 15 más”, subrayó. Además, destacó que se ahorrará en contrataciones de seguridad de carácter puntual, como las que tienen lugar cuando se celebran eventos festivos, culturales o deportivos.
Los argumentos del Gobierno no convencieron a los grupos de la oposición, que insistieron en los argumentos anteriormente planteados. El portavoz de PPL felicitó irónicamente al Ejecutivo “por ser capaz de hacer caro lo que debería ser más barato” y señaló que en el contrato no se especificaba nada sobre número de empleos, sino que se hablaba de horas de servicio estimadas.
A la hora de votar si el asunto se quedaba sobre la mesa, sólo el PP se mostró en contra, al considerar que los argumentos de la oposición no eran válidas. Finalmente, se concedió luz verde al contrato con los votos en solitario de la bancada del Ejecutivo melillense, mientras que CpM y PPL se abstuvieron y los socialistas se pronunciaron en contra.
