Palazón considera que todos los inmigrantes de Isla de Tierra deberían haber sido trasladados a Melilla. Los entregados a Marruecos, “serán llevados a Oujda”.
La ONG melillense Prodein criticó en la jornada de ayer la acción llevada a cabo por el Gobierno central para “repartir” entre España y Marruecos a los inmigrantes subsaharianos que permanecían en la llamada Isla de Tierra, en las proximidades de Alhucemas. En declaraciones realizadas a El Faro, el máximo dirigente de esta asociación humanitaria, José Palazón, afirmó que las personas que fueron trasladadas desde el islote a Marruecos, en total un grupo de 73, “se vieron totalmente privadas de sus derechos”. En opinión del líder de esta ONG, es “incomprensible” que el Ejecutivo español no haya hecho valer la Ley de Extranjería, tratándose la Isla de Tierra de un territorio de soberanía española. “La Ley es muy clara. Es España la que debería haberse encargado de los inmigrantes, trasladándolos a una comisaría de Policía Nacional para la apertura de su correspondiente expediente de expulsión del país, como ocurre cada vez que una estas personas entra en Melilla por cauces irregulares”, aseveró el máximo dirigente de Prodein. “El destino de los subsaharianos que han sido trasladados a Marruecos será primero Oujda y luego la frontera de Argelia, donde los recibirán a tiros, ya que está cerrada”, lamentó Palazón. Asismo, señaló que al no poder acceder a este país del Magreb, lo más seguro es que los inmigrantes vuelvan a encaminarse a Melilla dentro de pocos días.
APDHA: “Se han vulnerados sus derechos”.
“El dilema planteado por el Gobierno español sobre no ceder al chantaje de las mafias, según palabras del Delegado de Gobierno de Melilla, o velar por los derechos de las personas llegadas a nuestro territorio, se ha resuelto a costa de las víctimas de esta situación. La entrega de 73, de las 83 personas inmigrantes que permanecían en la Isla de Tierra a las autoridades marroquíes, supone la vulneración de la Ley de Extranjería y la consiguiente violación de los derechos reconocidos en la mismas”. Así lo afirmaron en la jornada de ayer desde Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Asimismo, la asociación recordó que la legislación obliga a estudiar de forma individual si cada uno de los inmigrantes reunía los requisitos establecidos en la ley para acceder a territorio español, hecho que no se ha producido al resolver de forma colectiva sobre su suerte. “Entre las diversas garantías que establece la ley, se contempla la posibilidad de acceder a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial, así como a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata”, señalaron.
