La formación sindical reprocha al Gobierno de Rajoy que haya “endurecido” los requisitos para acceder a esta prestación. “El Gobierno central, más que renovar el Plan Prepara, ha aprovechado para aprobar un nuevo instrumento que difiere notablemente de la naturaleza de la versión anterior”, así lo afirmó en la jornada de ayer la Unión General de Trabajadores (UGT) de Melilla en nota de prensa, al tiempo que apuntaron que la renovación de esta iniciativa no supone un programa de “recualificación profesional” de las personas que agoten su protección por desempleo, “sino un conjunto de medidas para reducir el número de potenciales beneficiarios”.
La formación sindical subrayó que el nuevo Plan Prepara aumenta los requisitos para acceder a la ayuda, como la necesidad de tener responsabilidades familiares o ser parado de larga duración. “Ambas condiciones se añaden a los requisitos ya establecidos anteriormente, haber agotado los derechos a otras prestaciones y no superar la renta el 75% del Salario Mínimo Interprofesional”.
En la misma línea, criticaron que se reduce “drásticamente” el número de potenciales beneficiarios al exigir que lleven inscritos por los menos doce de los dieciocho últimos meses en los Servicios Públicos de Empleo.
“Del texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) cabe entender que puede haber dos tipos de beneficiarios; unos con menos derechos que percibirán una ayuda por la cuantía del 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y otros con más de tres miembros en el cómputo familiar que recibirán el 85% del mismo”, añadieron desde el sindicato ugetista en nota de prensa.
“No es verdad que si hay cargas familiares se incremente en todos los casos la ayuda al 85% del IPREM, los 450 euros. Basta con que uno de los miembros de la unidad de cómputo tenga ingresos superiores al 75% del SMI, para que no se conceda esta prestación”, reprocharon.
Por ello, el sindicato señaló que hay que demostrar que se busca activamente empleo durante 30 días y se debe justificar su realización en el plazo de dos meses desde la finalización de la prestación o subsidio. “Es previsible que en este terreno se esté abriendo las puertas a la participación por parte de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), que se citan en el Real Decreto, después de que se hayan mermado los recursos de los Servicios Públicos de Empleo”, agregaron.
Presión social
Así pues, el sindicato consideró que, si bien la presión social, sindical y política, “ha obligado al Gobierno a prorrogar el Plan Prepara, éste ha optado por un proyecto restrictivo, que reduce los potenciales beneficiarios e introduce medidas regresivas y deja a los jóvenes desempleados en una situación de desprotección”.
En opinión del sindicato, esta circunstancia es más grave “cuando se pone en duda la eficacia del programa en términos de empleo, pero no se potencian las políticas activas de empleo ni los Servicios Públicos”.
Así pues, desde la UGT de la ciudad autónoma insistieron en las propuestas sindicales remitidas al Ministerio de Empleo, consistentes en demandar que la ayuda se convirtiera en una prestación estable, que la remuneración del Plan Prepara tenga un nivel económico “digno”, y su cuantía sea similar al IPREM, que es el que determina el acceso a las prestaciones y ayudas, así como que no se excluya a ningún beneficiario de los que potencialmente podrían aspirar a las ayudas con arreglo a los requisitos establecidos en el programa inicial.
