Esta entidad insta a los poderes públicos a que ayuden a no aumentar las desigualdades.
Cermi Melilla indicó ayer que están muy preocupados por el impacto que pueden tener determinadas medidas como la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal en el sector de las discapacidad. Así, aseguró que la solución a crisis económica no está en los recortes a las prestaciones que recibe este colectivo. Además, señaló que si se eliminan determinadas ayudas, se perderán los derechos adquiridos con el esfuerzo de muchas familias y las personas con discapacidad podrían llegar a ser ciudadanos de segunda.
“Desde el sector de la discapacidad nos preocupa el impacto que medidas como la actual reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia, el recorte sanitario, el copago farmacéutico, la subida del IVA y consiguiente del IPSI y los recortes en Educación, entre otras, puedan causar en las personas con discapacidad, sus familias y entidades de Melilla”, se destacó desde esta entidad.
Se resaltó que son “conscientes de la difícil situación social, económica y de empleo en la que nos encontramos y de la necesidad de establecer nuevas medidas de reordenación y racionalización de las estructuras productivas, de las políticas y de las cuentas públicas”. Sin embargo, insistieron en que “la solución no está en los recortes de derechos y prestaciones de carácter social, sino que más bien, deberían dirigirse hacia aquellas estructuras, entornos y ámbitos causantes de esta situación de crisis y que constituyen un lastre para el desarrollo sostenible y la creación de empleo”.
Cermi indicó que “estos hechos nos abocan a situaciones que creíamos ya superadas. Situaciones de pérdida de derechos fundamentales, pobreza, exclusión y disminución de las cotas de normalización e inclusión conseguidas, llevando a las personas con discapacidad a convertirse en ciudadanos de segunda”.
Por ello, y con el objetivo de no retroceder en materia de derechos y mantener el grado de bienestar del colectivo, instan a la unidad y sensibilidad de los poderes públicos y colaboración de las entidades del tercer sector para articular medidas que no incidan en desigualdades que algunos colectivos ya venían padeciendo y contribuyan a una verdadera inclusión social.
“Las personas con discapacidad y sus familias han constituido un grupo social sometido a situaciones de desventaja y de dificultades para ejercer sus derechos básicos y libertades fundamentales y para disfrutar de los bienes y servicios normalizados”, se destacó desde Cermi Melilla.
