La idea que baraja el Ejecutivo local es que los propietarios compren las parcelas a un precio más bajo de lo habitual. El Consejo de Gobierno celebrado en la jornada de ayer dio el visto bueno a nueva norma que abre la puerta a la regularización de aquellas viviendas construidas en suelo de propiedad municipal de manera ilegal.
Según explicó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Daniel Conesa, a los medios de comunicación, la intención es normalizar la situación en la que se encuentran miles de estas casas de Melilla, sobre todo en la zona de La Cañada de Hidum.
Conesa detalló que el procedimiento es similar al utilizado en el Barrio de La Libertad años atrás y que permitió poner punto y final a las irregularidades urbanísticas de la zona, ya que se había construido en suelo que no era propiedad de los dueños de las viviendas.
En esta ocasión, se llevará a cabo una valoración técnica de los terrenos para que el propietario de la edificación pueda comprarlo. En caso de que éste considere que su precio “es excesivo”, se le ofertará a un 20% de lo establecido. No obstante, esta ventaja conllevaría una serie de restricciones para evitar casos de especulación.
En palabras de Conesa, se trata de una medida “interesante y compleja” para el futuro desarrollo de la ciudad autónoma. Asimismo, aseveró que el proceso de regularización será “largo, intenso y complicado”, pero defendió su necesidad para garantizar la seguridad jurídica del suelo en Melilla y acabar con estas irregularidades.
Esta iniciativa afectaría en gran medida a los barrios de la periferia y en concreto a La Cañada de Hidum, donde con el paso de los años se ha construido de manera ilegal en parcelas de propiedad municipal, privada y estatal. El portavoz del Ejecutivo local no ofreció una cifra exacta de cuántos vecinos de dicha barriada se verían afectados por este proceso, aunque señaló que serán “miles”.
“Se trata de una apuesta de futuro, algo que es necesario hacer”, aseveró Conesa, quien también indicó que para sacar esta iniciativa adelante se llevarán a cabo las consultas y debates necesarios con vecinos y resto de fuerzas de la oposición.
Así pues, Melilla comienza a andar un largo camino para poner punto y final a un problema de ciudad que lleva años sin acometerse. Habrá que comprobar cómo reciben esta noticia los vecinos de las viviendas afectadas por la medida.
