El líder socialista recuerda que en Melilla hay 1.000 beneficiarios y que, gracias a esta ley, se crearon 500 empleos para el cuidado y la asistencia a dependientes. El secretario general del PSOE de Melilla, Gregorio Escobar, acusó ayer al Gobierno central de “dejar sin efecto” la Ley de Dependencia que impulsó el anterior Ejecutivo socialista. Por ello, pidió al presidente Mariano Rajoy que dé marcha atrás en su decisión de desmantelar la Ley de Dependencia, “pensando en las personas que no pueden valerse por sí mismas y se benefician de ella, en sus familiares, especialmente en la figura del cuidador, y en la economía, habida cuenta de que esta ley ha creado un nuevo yacimiento de empleo”. El número uno de los socialistas melillenses resaltó la importancia de esta ayuda para la autonomía personal que ha supuesto que en Melilla se beneficien más de 1.000 personas dependientes y que ha generado 500 empleos, entre cuidadores, servicio de teleasistencia y el futuro Centro de Grandes Dependientes. Escobar destacó que Melilla se convirtió en una ciudad modelo en la aplicación de la Ley de Dependencia. “Nos situamos a la cabeza del país en el desarrollo de la misma y en el tiempo de diagnóstico y aplicación de los recursos”, señaló. “Esta ley, además de ayudar a muchas personas, ha servido para reconocer, visualizar y dignificar la figura del cuidador, que históricamente ha recaído en las mujeres”, agregó. Sin embargo, en sólo seis meses, Rajoy ha aplicado dos veces la tijera de los recortes a la Ley de Dependencia. “Primero, paralizó la aplicación de la ley para los dependientes moderados y 400.000 personas que tenían reconocido el derecho a entrar en el sistema lo perdieron de un plumazo”, dijo. La segunda, eliminar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 la partida para el nivel acordado, pasando de 283 millones de euros en 2011 a 0 euros en 2012. Las últimas medidas, explicó Escobar, han sido reducir un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares de las personas dependientes, que perciben mensualmente una cantidad que ronda los 300 euros, y dejarán, por tanto de cotizar a la Seguridad Social. “Eliminar este derecho supone que dejen de cotizar a la Seguridad Social y por tanto, que dejen de tener derecho a una baja, a una pensión o a la tarjeta sanitaria”, señaló. “Hablamos de cerca de 300 melillenses y de más de 179.000 personas en todo el país que van a ver cómo se elimina este reconocimiento y este derecho”, apostilló. Pero es más, durante la gestión socialista, las cuidadoras recibían cursos de formación reglada por parte del propio Imserso o de otros organismos, lo que suponía que esas personas se formaban y, si se terminaba la relación de cuidado con el familiar, por regla general por fallecimiento de esa persona, contaban con una experiencia laboral y una formación reglada que le servía para desarrollar ese trabajo como cuidador. Otra de las medidas que ha aprobado el Gobierno central es la implantación del copago que elevará el endeudamiento de los dependientes. Escobar criticó que se paraliza la ley, de momento, por dos años y se eleva de los seis meses actuales a dos años el periodo de tramitación y concesión de las prestaciones. “Desde un punto de vista técnico, hablamos de paralización, pero desde un punto de vista humano, implica que va a haber personas que tengan derecho a las prestaciones y que van a fallecer antes de que se les dé esa asistencia a la que tienen derecho”, censuró.
